Las condiciones laborales del sector de la discapacidad sufren un “grave deterioro”

Fecha

14/01/2013

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Los sindicatos CCOO, UGT y FISE denunciaron este lunes el “empeoramiento alarmante” de las condiciones de los cerca de 5.000 trabajadores del sector de la discapacidad en Castilla y León -en centros especiales de empleo, educativos y de atención especializada-, así como la continua “cesión de derechos” que padecen a consecuencia de la reforma laboral y las políticas de “recortes” de las administraciones públicas.

Pilar Moreno criticó, en representación de CCOO, la “carta blanca” con la que cuentan las empresas desde la aprobación de la citada reforma para “rescindir los derechos conseguidos a lo largo de mucho tiempo” y para “no cumplir los acuerdos” con los trabajadores y “modificar” unilateralmente “cualquier condición laboral”, ya sea de “jornada, salario, permisos o vacaciones”.

Con esta situación, recalcó Moreno, “no se crea empleo” y se “abarata el despido”, que “cada vez es más precario”, al poderse alegar cualquier causa “técnica, económica o de producción” en un sector en el que, en palabras de Lorenzo Rodríguez, de FSIE, “no deberían aplicarse los criterios de rentabilidad de otros”.

Rodríguez censuró que “todas las nuevas propuestas” por parte de los empresarios sean “perjudiciales para los trabajadores”, ya que van encaminadas a la “cesión, cesión y cesión de los derechos conseguidos”, fundamentalmente en el sector de la atención especializada, el “más afectado” de todos. En esa misma línea, auguró “momentos muy duros de negociación colectiva” en los que los trabajadores podrán contar “con el apoyo de los sindicatos” para “mantener lo conseguido en 25 años”.

Por su parte, María Ángeles Villanueva, de UGT, manifestó que la crisis “no puede recaer en el colectivo que menos protección ha tenido” tradicionalmente, el de la discapacidad, que ante los “recortes salvajes” de “empresas y Gobierno”, en su opinión especialmente de “la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades” de la Junta, está “abocado a amplios despidos y ERE”, así como a un “empeoramiento fuerte de las condiciones laborales y de la atención” a las personas con discapacidad.

Ante esta situación, los tres sindicatos no descartaron emprender cualquier tipo de “acción”, e incluso llegar al “conflicto laboral”, que podría surgir en entidades “como Fundación Personas”, con cerca de 1.000 trabajadores en toda la Comunidad, si no se llega a un entendimiento y se siguen sin “respetar los acuerdos escritos”.

A ese respecto, María Ángeles Villanueva abogó por que “no se rompa la negociación colectiva” y se mantenga la “paz social” y apeló a la “responsabilidad” de los empresarios, porque los trabajadores ya la han “demostrado”, para “no llegar a una conflictividad que no beneficia a nadie”.

Esa conflictividad, según dijo Pilar Moreno, se ha producido ya en algunas empresas, como Asprosub, en Benavente, donde a la vez que “se ha planteado un ERE para 15 personas”, algunas vinculadas a sindicatos, se está “formando a otras siete para contratos nuevos”. De igual manera, en una empresa de Ávila se estudia una reducción de jornada y en otra de Salamanca, una reducción salarial del cinco por ciento, en ambos casos “de acuerdo” con los trabajadores.

Complementos en riesgo

María Ángeles Villanueva también llamó la atención sobre el hecho de que Castilla y León sea ahora mismo la única Comunidad de España que mantiene el “complemento” para los trabajadores de los centros educativos en régimen especial, que oscila entre los 80 y los 130 euros al mes, dentro de los propios presupuestos de la Consejería de Educación.

Los sindicalistas alertaron de la posibilidad de que las empresas “absorban” dicho complemento, para compensar los recortes en las ayudas autonómicas, si éste “no va individualizado” en la nómina de los trabajadores.

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