Un mes de la regularización extraordinaria de migrantes: batalla política y judicial abierta

La regularización extraordinaria de migrantes cumple este sábado un mes desde que entró en vigor, tras aprobarse en Consejo de Ministros, y desde que se abrió una batalla política y judicial que aún está por resolverse. La medida fue alumbrada por el Gobierno tras un acuerdo con Podemos, en un intento por recuperarlo como socio parlamentario, y mediante una reforma del Reglamento de Extranjería, sin votación en el Congreso.

La propuesta de regularización llegó al Congreso en 2023 mediante una Iniciativa Legislativa Popular con 700.000 firmas, impulsada por organizaciones sociales y la Iglesia. En abril de 2024, el Congreso admitió a trámite la iniciativa con el voto a favor de todos los partidos, salvo Vox. Desde entonces, la iniciativa quedó en un limbo parlamentario sin acuerdo sobre los términos concretos.

En mayo de 2024, el PSOE reactivó la negociación para corregir fallos en la reforma del reglamento, que dejaba fuera a solicitantes de protección internacional o vulnerables. La propuesta incluía vincular la regularización a contratos laborales, un año de estancia en España y requisitos como haber trabajado, tener un precontrato o hijos escolarizados. Contaba con el apoyo de sus socios de izquierdas, salvo Podemos, que exigía condiciones más laxas.

Fue en enero cuando el ministro Félix Bolaños cerró un acuerdo con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estableciendo un marco más amplio: aplicable a migrantes llegados hasta el 31 de diciembre de 2025, con estancia prolongada de cinco meses y situación de vulnerabilidad. A cambio, Podemos se comprometió a negociar la delegación de competencias migratorias a Catalunya, una exigencia de Junts.

El texto inicial fue matizado por el Consejo de Estado. El acuerdo permitía una declaración responsable de antecedentes penales si no se podía obtener el certificado, fórmula que el organismo rechazó y el Gobierno retiró del decreto final.

Críticas desde Vox y el PP

La inmigración se ha convertido en un asunto central. Vox ha sido el más crítico, alentando la teoría del «gran reemplazo» y vinculando inmigración con inseguridad y amenaza a la identidad nacional.

El PP ha criticado el procedimiento sin votación en el Congreso y la falta de informes sobre el impacto económico. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a «desclasificar» la información sobre la negociación si llega al Gobierno. En el debate parlamentario, la diputada del PP Sofía Acedo cargó contra Vox, asegurando que la regularización —que ellos apoyaron en su admisión a trámite— era un «instrumento para Vox».

El PP defiende «una migración ordenada y regular, vinculada al mercado laboral» y la lucha contra las mafias. Tras la aprobación, ha centrado sus críticas en la falta de seguridad para los nacionales y los inmigrantes regulares, uniéndose al discurso de Vox.

El decreto exige no tener antecedentes penales en firme y no ser una amenaza para el orden público o la seguridad. El PP puso en duda que pueda hacerse esta valoración en los plazos ajustados (tres meses) y rechaza que se regularice a migrantes con antecedentes policiales o procesos judiciales abiertos.

Críticas de Ayuso y Junts

Otro elemento de crítica, impulsado por Isabel Díaz Ayuso, es la supuesta operación para engrosar el censo con nuevos votantes. Es un argumento falso: la obtención de permisos de trabajo y residencia no da derecho a nacionalidad ni a voto, aunque sí activa el plazo para solicitarla en un futuro (mínimo de diez años de residencia, o dos para países iberoamericanos).

Junts ha criticado que el proceso excluya el catalán como criterio de integración. Su secretario general, Jordi Turull, reclama que el conocimiento del catalán sea un requisito. La portavoz Miriam Nogueras alertó de un posible «colapso» de servicios municipales catalanes. Junts avanzó que presentará un recurso ante la UE por contravenir directivas europeas.

Recursos judiciales y suspensión

Ya están en trámite los recursos ante el Tribunal Supremo presentados por Vox, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y tres asociaciones, que piden la suspensión cautelar de la medida. El Alto Tribunal resolverá el viernes 22 de mayo sobre la suspensión o no de la regularización.

El Gobierno regional de Madrid apunta al «desbordamiento de los servicios públicos» y a que afectaría gravemente su prestación, sin mecanismos de financiación. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se opone a la suspensión, alegando una «afectación directa» sobre los derechos de las personas extranjeras y el interés general, y que la regularización no impactaría en el gasto sanitario, ya que los migrantes irregulares ya tienen derecho a atención sanitaria.