La Organización Impulsora del Discapacitado (OID) anuncia una demanda contra el Gobierno Español

Fecha

24/08/2000

Medio

EFE

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La Organización Impulsora del Discapacitado (OID) anunció hoy que presentará en los próximos días una demanda contra el Gobierno español por los perjuicios que se les ha causado, después de que una sentencia haya declarado contrario al derecho comunitario el monopolio fiscal que ostenta el Estado en materia de loterías.

Esta organización dijo hoy, a través de un comunicado, que la sentencia del magistrado del Juzgado de Instrucción número uno de Cáceres, que archivaba las actuaciones abiertas a raíz de un registro en la sede de la OID, que se dedicaba a la venta de cupones similares al de la ONCE, confirma el incumplimiento del derecho comunitario por parte del Gobierno español.

Por ello, anuncia que "la OID va a presentar en los próximos días una demanda multimillonaria ante el Consejo de Ministros por incumplimiento por parte del Gobierno español del derecho comunitario" para que la organización se resarza de los "daños y perjuicios causados" porque el Ejecutivo "explote en régimen de monopolio lo que prohíben las normas comunitarias".

En una sentencia conocida ayer el magistrado del Juzgado de Instrucción número uno de Cáceres, Federico Alba Morales, consideraba que el monopolio fiscal que ostenta el Estado en materia de loterías es contrario al Tratado de Roma y a las normas sobre competencia que éste contiene.

El juez hacía esta consideración en un auto en el que archivaba las actuaciones abiertas a raíz de un registro efectuado por una unidad de Vigilancia Aduanera en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que se dedicaba a la distribución y venta de cupones similares a los de la ONCE que eran pagaderos si su número coincidía con el premiado de la organización de ciegosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas ciegas en su lugar..

La sentencia recuerda que la OID carecía de permiso para la celebración de sorteos, aunque sí se constituyó de forma legal y se encontraba de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Asimismo, explicaba que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1985 despenalizó a los efectos del delito de contrabando la celebración de sorteos por la ONCE "criminalizando la conducta cuando tal actividad sea llevada a cabo por cualquier otra entidad distinta".

El juez añadía que el Tribunal Constitucional ha justificado la concesión del cupón de la ONCE en la necesidad de dotarle de los medios económicos suficientes para el cumplimiento de los fines de interés público que desarrolla, y que para ello el Estado arbitró la realización del sorteo en lugar de asignar una consignación con cargo a sus presupuestos, lo que no le priva del monopolio fiscal.

El magistrado consideraba esta doctrina contraria a los postulados del Tratado de Roma de 1957 y que el monopolio fiscal que ostenta el Estado en materia de loterías "deviene contrario a lo dispuesto en el artículo 90.2 del Tratado de Roma y a las normas sobre competencia que en el mismo se devienen".

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