La Junta de Castilla y León avanza en el diseño de una nueva Ley de Función Pública, ya que la actual es de 2005 y ha necesitado una serie de modificaciones, para su adaptación a la legislación básica del Estado de 2015, que permite a las comunidades contar con una norma propia. Con esta premisa, la Consejería de la Presidencia ha elaborado un anteproyecto que recoge, entre sus novedades, la reducción de los puestos de libre designación, que se acotarán a las categorías más altas, el impulso a las medidas de conciliación laboral y familiar, la mejora de las situaciones de excedencia y la definición del teletrabajo.
El primer documento de esta norma que regulará el trabajo de los empleados públicos de la Comunidad estará sometido durante las próximas tres semanas a exposición en el Portal de la Junta, para pasar después a su debate con los agentes implicados, antes de que llegue al control de los organismos jurídicos y de las instituciones propias. El objetivo, según señaló el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, es que el proyecto de ley entre en las Cortes autonómicas para su aprobación en el próximo periodo de sesiones, es decir, entre septiembre y diciembre.
Ibáñez, que compareció ayer acompañado por la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, explicó que la nueva regulación parte de la consideración de que «ni restringe derechos, ni establece nuevas obligaciones a sus destinatarios». Se trata, según apuntó, de contribuir a tres aspectos fundamentales como son crear un marco jurídico comprensible integrado en el conjunto del ordenamiento en la materia; actualizar las peculiaridades del régimen jurídico de la Administración y, por último, facilitar a sus destinatarios y a los operadores jurídicos la correcta aplicación e interpretación de su contenido.
Modernizar y agilizar
El consejero de la Presidencia detalló que la nueva ley, que elimina cargas administrativas, tiene cuatro objetivos claros: avanzar en la modernización de la gestión de los recursos humanos, agilizar los procedimientos, rebajar el régimen de intervención y establecer medidas transitorias que garanticen los derechos y el cumplimiento de obligaciones. Se trata, en definitiva, de establecer «un marco común para todos nuestros empleados públicos, protegiendo sus derechos, modernizando la Administración y mirando al futuro con un ambicioso modelo propio de organización autonómica».
El titular de la Consejería de la Presidencia se detuvo en algunas de las novedades que incorpora el nuevo texto, como el rediseño de la figura del puesto de libre designación, de forma que se «acotará y habrá un mayor control» y se garantizará el acceso en igualdad de oportunidades. En este sentido, matizó que aún habrá que acordar en qué cantidad se producirá ese recorte, si bien la directora general aclaró que se pretende que los puestos de libre designación estén entre el nivel 27 y el 30, ya que, de momento, esta figura se encuentra muy diseminada por todas las escalas de funcionarios. Otra de las novedades se refiere a las incorporación de nuevas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, a las que se podrán acoger todos los empleados públicos independientemente de que sean hombres o mujeres.
Así, en los casos de excedencia por cuidado de hijos, se propone reservar el puesto tres años, mientras que en las situaciones de excedencia voluntaria se reducirá el plazo mínimo a un año, cuando actualmente es de dos, para facilitar así la reincoporación a la administración pública. La norma se detiene también en la igualdad de oportunidades de las empleadas públicas en el acceso a los puestos de responsabilidad o directivos. Además, el texto regula de manera específica la movilidad por motivo de violencia de género, de salud, por acoso laboral, así como la interadministrativa y contempla el reconocimiento y derecho de las personas con discapacidad a acceder al empleo público, facilitando su incorporación.
Por último, se regulan las materias que afectan al personal de la administración local, se actualiza la carrera profesional, se define expresamente el teletrabajo y sus condiciones y se analiza la necesidad y demanda de los puestos de trabajo de la administración. Ibáñez recordó que el anteproyecto es fruto de un conjunto de actuaciones que se han llevado a cabo desde el comienzo de la legislatura, como es el caso de la actualización de los procesos de acceso al empleo público. Todo ello con el objetivo de «avanzar y mirar al futuro» con una ley «más equitativa, social y accesible», como es la que se pretende aprobar en 2022.
