Los integrantes de la Mesa Técnica convocada para acordar la modificación del decreto de reconocimiento de la Dependencia han consensuado cambios fundamentales que contribuirán a la simplificación y agilización del procedimiento actual, según ha informado la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido.
La consejera ha explicado en una nota que se trata de acuerdos “muy importantes” que permitirán diseñar “un mecanismo más rápido, capaz de minimizar cada uno de los procedimientos administrativos que debemos cumplimentar y mejorar así la atención que prestamos; un avance que será posible gracias a la simplificación administrativa y a la descentralización”.
Esta mesa, constituida en enero de este año a propuesta de la propia Consejería, se puso en marcha con el objetivo de consensuar un nuevo modelo entre todos los agentes implicados, desde colegios profesionales hasta administraciones locales e insulares, que permitiera dictaminar el grado y las prestaciones de manera más rápida, de forma que el usuario esperara el menor tiempo posible por las ayudas que establece la ley.
“El reto es implantar en Canarias otras fórmulas que ya han funcionado en otros territorios y que tendrán un efecto claro en la vida de las personas. En la primera etapa de solicitud, aunque es la fase que menos cambios sufre, se intentará simplificar el máximo posible la información a aportar por el ciudadano, ya que una vez se cuente con el gestor de expedientes, se podrán agilizar muchas subfases.
En la segunda etapa, la correspondiente a la valoración de grado y dictamen técnico facultativo, el baremo será aplicado por el personal valorador de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad. No obstante, se prevé que pueda ser encomendada su aplicación a otros organismos si resultara necesario, siempre y cuando el personal sea adecuadamente formado.
Una vez realizada la valoración, se emitirá dictamen técnico facultativo, que es una competencia exclusiva de los equipos técnicos de la dirección general. “Es decir, de esta forma se elimina la resolución de grado, configurándose el dictamen de grado como un acto de trámite no cualificado”, aclaró Valido.
En la tercera etapa se realiza el Programa Individual de Atención (PIA). El informe social y el trámite de consulta serán realizados por el trabajador social que corresponda según la situación o lugar en el que se encuentre la persona solicitante (cabildos, ayuntamientos). En este caso, la excepcionalidad es que lo realice la propia Dirección General de Dependencia y Discapacidad (de forma subsidiaria).
La propuesta de PIA será realizada por una unidad perteneciente a cada servicio de Dependencia de la Dirección General. Finalmente la Dirección General emitirá una única resolución donde se determinará tanto el grado de dependencia como el PIA.
La norma que desarrolle el nuevo procedimiento establecerá un período transitorio, a fin de poder implantar el nuevo procedimiento, antes de su entrada en vigor, porque para ello es necesario, entre otros: un gestor de expedientes; la asignación de recursos financieros a las entidades locales que deban colaborar en el procedimiento de dependencia, a fin de posibilitar la contratación del personal necesario, y la formación y acreditación del personal de las entidades locales que deba realizar tareas asociadas al procedimiento de dependencia (formación acreditada ESSCAN y Colegios Oficiales).
Tras este consenso se da un avance significativo, ya que se harán dos visitas a domicilio y una única resolución administrativa, lo que rebajará la lista de espera, algo que ya está ocurriendo gracias al refuerzo con planes de choque y el incremento de recursos. Canarias cerró el año 2018 con la incorporación al sistema de atención a la dependencia de un total de 4.914 personas dependientes, 520 más que en 2017 y 365 más que en 2016, logrando, además, un grado de ejecución del presupuesto del 99,6% sobre las obligaciones reconocidas, cuyo montante fue de 203.247.834 euros.
Enero y febrero de 2019 constituyen, según datos oficiales del Imserso, el mejor bimestre en cuanto a altas brutas registradas desde que está en vigor la Ley de Dependencia. Durante este período se registraron 691 altas brutas (nuevos usuarios incorporados), que suponen 415 más que en 2016, 582 más que en 2017 y 71 más que en 2018.
