La Ley de Discapacidad andaluza, que afectará a 720.000 personas, entra en vigpr este martes

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29/11/2018

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La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, una norma que afectará a más de 720.000 personas en la comunidad autónoma y que cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales, entrará en vigor este martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 4 de octubre.

La ley fue aprobada el pasado 13 de septiembre por el Pleno del Parlamento andaluz con el voto en contra del PP-A, la abstención de IULV-CA y el respaldo del PSOE-A, Podemos y Ciudadanos. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, defendió entonces que con esta nueva ley “se rompe lo que se entendía por discapacidad” y “favorecerá que el entorno haga iguales a los que no lo son por estas dificultades”.

Así, una de las novedades de la ley es que reorienta las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad, hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno, así como la participación real y efectiva en todos los asuntos que le son propios.

Para lograr la plena inclusión social, así como la transversalidad y coordinación de las políticas públicas dirigidas al colectivo, la nueva ley prevé distintos instrumentos y medidas como la elaboración de planes de acción integral para las personas con discapacidad en general y para las mujeres, así como otro de empleo para el colectivo.

También prevé el derecho a la atención infantil temprana mediante acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad.

Las universidades andaluzas, por su parte, deberán aprobar un plan especial de accesibilidad y disponer de una unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad.

En el ámbito formativo y del empleo, se establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al diez por ciento del número de plazas para personas con discapacidad, y como novedad se reserva el uno por ciento de plazas para personas con enfermedad mental y en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta, se reservará el cinco por ciento frente al tres por ciento que proponía el proyecto de ley. Asimismo, se reservará al menos el cinco por ciento de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

De otro lado, la ley reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Por ello, entre otras actuaciones, obliga a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal, así como cualquier otro tipo de apoyo a la vida independiente.

En el área de la contratación pública se reserva el cinco por ciento del importe anual de la Junta, en las actividades que se determinen, a favor de los centros especiales de empleo. Se introduce también una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas con un mayor número de personas con discapacidad en plantilla, por encima de la reserva legal del dos por ciento.

Además, la ley tipifica las infracciones y las clasifica en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 301 euros y 1.000.000 de euros dependiendo de la calificación de la infracción.

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