La Junta de Castilla y León no renovará las plazas concertadas en aquellas residencias de mayores en las que se detecte que se ha vacunado frente al Covid a personas que no pertenecían al primer grupo de inmunización establecido, es decir, que no fueran ni usuarios de los centros de mayores o de personas con discapacidad o trabajadores de los mismos.
Así lo ha indicado este lunes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha detallado que los convenios se irán cancelando una vez que vayan falleciendo las personas que en estos momentos ocupan esas plazas concertadas en centros privados.
«Este es un tema importante y entendemos que tenemos que ser muy contundentes con las acciones», ha subrayado Blanco, antes de asegurar que en los casos que se han detectado «ya se han abierto expedientes informativos y se aplicarán las sanciones correspondientes».
Convencida de que se ha tratado únicamente de casos «puntuales» y situaciones «excepcionales», la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha detallado que en el primer grupo de vacunación se han incluido 73.400 personas entre residentes y trabajadores de plantilla fija, de los que el 98 por ciento «estaban localizados» en la base de datos de su departamento, pero también de la Consejería de Sanidad.
«A mayores se incluye en un primer momento a personas que realizan trabajo exterior, pero que tienen contacto frecuente con los residentes, como pueden ser podólogos, trabajadores de cocina, empleados de contratas de limpieza….», ha indicado la consejera. Es entonces cuando se solicita a las residencias que aporten listados con esos profesionales para «organizar la vacunación».
A partir de ahí son las residencias las «responsables» de la información que remiten, ha indicado, y en algunas, «con muy poca ética», se han incorporado nombres que no estaban entre los primeros grupos prioritarios de vacunación.
