El Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, prevé apoyos desde el Ejecutivo autonómico para generar o mantener alrededor de 6.500 empleos de personas con discapacidad o en riesgo o situación de exclusión en 2023. La programación se extiende hasta 2025 y se estructura en un objetivo general y tres específicos con 36 medidas concretas.
El documento, al que tuvo acceso Ical, persigue “potenciar tanto las fórmulas de emprendimiento colectivo de la economía social, a través de cooperativas y sociedades laborales, por su especial arraigo al territorio y efecto locomotor en economías rurales, como aquellas empresas de la economía social cuya misión es la de fomentar la inserción laboral de colectivos más vulnerables, y en particular las personas con discapacidad y las personas en riesgo o situación de exclusión social”.
Cabe destacar dentro de las medidas, las orientadas a promover y favorecer la incorporación de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión, como objetivo específico dos, donde se definen una docena de actuaciones concretas. En el mercado protegido, se contemplan cinco líneas de subvenciones para los centros especiales de empleo (CEE), para financiar y complementar los costes salariales; para sus unidades de apoyo a la actividad profesional, para inversiones y para el fomento de la contratación reservada en corporaciones locales. Estas líneas prevén mantener este año, 6.150 puestos para personas con discapacidad (3.250) y en igual situación pero con especiales dificultades de empleabilidad (2.900). Asimismo, se prevé la creación de 130 puestos (80 para personas con discapacidad y 50 para las de especiales dificultades). Junto a esto se contemplan cuatro campañas dentro del impulso del empleo para personas con discapacidad en las corporaciones locales, con un porcentaje medio anual del ocho por ciento en contratos reservados firmados por los CEE.
