La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha explicado este viernes que el Govern creará en los próximos meses la Agencia catalana de la protección social, una agencia pública que integrará la gestión económica y social de todas las prestaciones vigentes y las que se creen en un futuro, concebida como una futura estructura de Estado.
En la comisión de Asuntos Sociales en el Parlament, Bassa ha anunciado que revisará la cartera de servicios sociales y, a lo largo de este año, creará esta agencia pública catalana, cubriendo así una demanda reiterada en los últimos años por las entidades sociales, que requieren que se agilice y clarifique la gestión de las prestaciones.
Entre los objetivos, la consellera ha destacado que reorganizará la acogida de menores en los Centros Residenciales de Acción Educativa (Craes), actualmente “muy saturados”, apostando por redefinir las etapas por edades y reforzar las familias de acogida, generando una red y garantizando que la acogida de urgencia pueda hacerse directamente en familias, sin pasar por centros.
La Conselleria quiere que “todos los niños de hasta seis años puedan estar en familias de acogida” –hasta ahora se primaba hasta 3 años–, mientras que se potenciará el apoyo sociopsicológico para la etapa de entre seis y 15 años y la inserción laboral de los mayores de 16 años.
También ha apostado por crear un historial social compartido para niños y adolescentes, en un único programa de gestión de datos, y por potenciar el trabajo de formación, detección y prevención contra los abusos sexuales, y ha avanzado que la Generalitat abrirá una nueva casa de acogida para mujeres víctimas de violencia machista.
COLECTIVO LGTBI
Bassa ha abogado por crear una ley catalana sobre adopción internacional, para abrir paso sobre todo a países que acepten familias homoparentales –actualmente solo en el territorio catalán, Brasil y México–, y ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 25/2015 de Modificación del sistema de protección a la infancia, porque considera que invade competencias catalanas.
También se ha comprometido “firmemente” a desplegar el reglamento sancionador de la Ley para garantizar los derechos LGTBI, y ha asegurado que la Conselleria trabaja actualmente para desplegarlo y poder tramitar las denuncias, como han pedido las entidades desde la creación de este marco legal catalán.
COPAGO EN LA DEPENDENCIA
El diputado del PSC Raúl Moreno ha pedido a Bassa que retire la orden de copago de la Ley de la dependencia, que ha dicho que condena a la pobreza crónica a muchos discapacitadosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. a los que les quedan 130 euros mensuales, ante lo que Bassa ha dicho que no la retirará debido a la necesidad financiera actual: “Lo que sí que haremos es revisarla y cambiarla, porque lo que hay ahora no es justo”.
La diputada de C’s Noemí de la Calle, ha pedido que se cree “una partida abierta de la renta mínima de inserción en función de las necesidades de los ciudadanos”, una demanda que ha compartido el diputado del PP Fernando Sánchez, que también ha reprochado a Bassa que no se haya desplegado reglamentariamente la Ley de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, vigente desde hace seis años.
La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha incidido en las causas estructurales de la pobreza y ha reclamado que no se opte por el modelo “asistencialista” actual, en lo que ha coincidido la diputada de la CUP Gabriela Serra, que también ha pedido a Bassa que, en lugar de ir a buscar dinero a Madrid –como ha dicho la consellera–, deje de pagar la deuda y aborde el fraude fiscal y la corrupción, desde las instituciones catalanas.
La diputada de JxSí Anna Figueras ha afirmado que uno de los objetivos de la Conselleria es crear unas estructuras de Estado que “apuestan por una red de protección social sólida”.