El fiscal jefe de Sala de lo Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, José María Paz, aseguró este jueves que la institución cuenta con menos personal del necesario para hacer frente a las denuncias que se presentan por parte de los familiares de personas con alzheimer por malos tratos en residencias, litigios judiciales por la herencia de estos enfermos o para realizar una mayor cantidad de inspecciones en los centros donde residen muchos mayores que sufren esta enfermedad.
Esta denuncia ha sido realizada durante una rueda de prensa ofrecida en Madrid, coincidiendo con la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Mundial del Alzheimer.
El fiscal destacó el esfuerzo que dedica la Fiscalía para atender denuncias de personas mayores y con discapacidad y señaló que la sociedad “desconoce profundamente” este aspecto.
Además, añadió que con los 2.500 fiscales que existen en este momento “es imposible realizar más inspecciones en residencias, como nos suelen pedir, por ejemplo, los familiares, porque si se hiciera no se podrían atender otras de las muchas cuestiones que forman parte del trabajo diario de la Fiscalía General del Estado”.
En el acto estuvo presente el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), Koldo Aulestia, quien puso en valor la colaboración con las instituciones, a pesar de la crisis económica que atraviesa el país.
Bajo el lema escogido para este año, ‘El alzheimer: una cuestión de estado’, el responsable de Ceafa solicitó que el alzheimer sea de verdad política de Estado en cuatro capítulos: que aumente el apoyo a las familias; que se fomente el área de protección jurídica de este ámbito; que se refuerce el papel de la sanidad en este asunto, así como el social, dado que es un problema sociosanitario; y que se promueva una mayor formación de todos.
Este último punto es capital porque, a juicio de Koldo Aulestia “la formación es importantísima para que los profesionales sepan investigar sobre este asunto y también para que sepan tratar a los enfermos y a sus familias. Pero no sólo los sanitarios, sino todo el mundo debe conocer cómo actuar, porque la gente con alzhéimer sale a la calle y debe ser tratada adecuadamente por una cajera de un supermercado o por un conductor de un autobús”.
Para el presidente de esta asociación, es fundamental que mientras que las personas con esta enfermedad tengan una capacidad la pongan en práctica todo el tiempo posible, y entre esas aptitudes puede estar la de ir a comprar.
“Está demostrado que cuanto más estimulada esté una persona, más despacio avanza la enfermedad. Conozco el caso de personas que llevan cinco o seis años en los primeros estadios del alzheimer, y que han superado los 18 años de vida con la enfermedad desde el momento del diagnóstico”, según explicó.
Por su parte, la subdirectora general de Gestión del Imserso, María Ángeles Aguado, que también participó en la rueda de prensa, agradeció el trabajo de Ceafa porque aglutina a más de 350.000 familias con esta enfermedad.
Recordó, además, que la asociación recibió del Gobierno más de cuatro millones de euros, “lo que demuestra el compromiso y la prioridad de las instituciones con este asunto”. Asimismo, resaltó que “un grupo de trabajo empezó hace meses a debatir diferentes aspectos que afectan a este ámbito y que poco a poco se irán extrayendo conclusiones y las iremos aplicando”.
Por último, a preguntas de Servimedia, la responsable del Imserso no quiso aventurarse a adelantar si la cuantía económica que el Gobierno aporta a Ceafa aumentará, disminuirá o permanecerá estanca. “Por ahora, lo único que puedo decir es que hasta el año pasado no hubo grandes variaciones ni hacia arriba ni hacia abajo”. Eso sí, el responsable de la asociación reconoció que es una cantidad “insuficiente, aunque con la que está cayendo nos conformamos con mantenernos como estamos”.