El impacto de la lucha contra la pandemia de la Covid-19 supuso la destrucción del 30% de los contratos a personas con discapacidad generados en 2020, pasando de 354.391 a 248.486 contratos. Esta situación comenzó a revertirse a lo largo del ejercicio 2021, con una mejora en el contexto laboral de las personas con discapacidad que supuso la recuperación del 24% del empleo destruido en este colectivo, tal y como se recoge en el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) de Fundación ONCE.
No obstante, los últimos datos disponibles del Servicio Público de Empleo Estatal indican que, aunque la tendencia de mejora sigue vigente, el crecimiento se ha ralentizado de manera notable, y en 2022 apenas se ha producido un aumento del 2,3%, lo que supone algo más de 7.000 contratos. Estos datos contrastan con la información parcial recogida en la ‘Estadística de contratos específicos a personas con discapacidad’ del mismo organismo, que no representa la totalidad de los contratos realizados al colectivo, puesto que sólo representa el 39% del total de los contratos realizados a personas con discapacidad.
Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, advierte de que “hablar de récord, como a principio de año han señalado otras entidades, aludiendo a los más de 123.000 contratos de esta modalidad, cuando la contratación total de personas con discapacidad ya superaba los 150.000 contratos hace 16 años, supone una representación distorsionada de la realidad laboral del colectivo, que genera confusión, y minimiza las dificultades reales de acceso al empleo de las personas con discapacidad dado el estado de opinión que genera entre las empresa empleadoras”.
En este sentido, la responsable de Fundación ONCE considera que “hace falta todavía un enorme esfuerzo conjunto de todos los agentes implicados en la contratación de personas con discapacidad para hablar de récords y de situaciones idílicas en torno al empleo del colectivo”.
En cualquier caso, la contratación de personas con discapacidad ha crecido respecto al anterior ejercicio, situación que no se replica para la población general, donde se registra un descenso del 5,5%.
El crecimiento del empleo de las personas con discapacidad se sostiene fundamentalmente en los dos primeros trimestres de 2022, el primero con un incremento del 27,6%, y el segundo con un aumento del 11,9% respecto al mismo periodo de 2021.
Los resultados empiezan a alejarse del optimismo en el tercer trimestre, con una pérdida del 4,3% y sobre todo el cuarto con unos 15.000 contratos menos que los alcanzados en el año precedente, que en valores relativos supone un 17% menos.
El total de contrataciones a personas con discapacidad en 2022 alcanza así la cifra de 314.978 empleos, lo que nos sitúa en un nivel similar al logrado en 2017, una buena cifra, pero con un nivel de crecimiento muy bajo, de hecho, si exceptuamos el desplome de 2020, se trata del crecimiento más bajo desde 2013. De seguir con este ritmo en los próximos años no superaríamos la cota más alta de contratación (354.991 contratos de 2019) hasta el año 2028.
Además, Lobato señala que “aunque los datos disponibles son limitados, si conocemos la contratación por tramos de edad. Los resultados ponen el foco de nuevo en nuestros jóvenes con discapacidad. Se trata de un aspecto conocido que viene repitiéndose cada año, y que requiere de actuaciones específicas y diferenciales”. Del total del empleo generado para personas con discapacidad, exclusivamente el 7,8% recae en jóvenes, algo más de 27.000 contratos. Esta circunstancia no se reproduce con la misma intensidad entre la población general, donde los jóvenes agrupan el 22% de la contratación.
De esta forma, la responsable de estudios de Fundación ONCE indica que “este es un problema que como sociedad debemos abordar y solucionar de manera tajante. El hecho de no garantizar un futuro digno a nuestros jóvenes tendrá graves repercusiones desde un punto de vista sociológico sobre el resto de la población”. El fututo quedará en manos de jóvenes sin recursos, que no podrán acceder a bienes y servicios, que tendrán unas cotizaciones mínimas, afectando así a todo el sistema económico del país. “Porque el problema no es solo de volumen de empleo, es también de calidad de este, dado que las condiciones laborales de nuestros jóvenes con discapacidad resultan especialmente precarias, marcadas por la temporalidad y los bajos salarios, recordemos a modo de ejemplo que cuentan con un salario medio un 17% inferior al percibido por los jóvenes sin discapacidad”, señala Lobato. Obviamente, en dicho escenario resulta inviable la emancipación y la contribución rentable al sistema de la Seguridad Social.
En definitiva, si bien el camino de crecimiento debe animarnos a seguir trabajando en pro de recuperar y superar niveles de contratación pre-pandemia, hemos de ser conscientes de que sin una inflexión en la tendencia la recuperación, avanzamos a un ritmo lento, por lo que es crítico planificar y desarrollar actuaciones que contribuyan a acelerar el crecimiento en la contratación para las personas con discapacidad. También es relevante, tal y como se indicaba anteriormente, ofrecer una información completa, válida y fiable, que de fe de la realidad laboral de las personas con discapacidad desde la objetividad y el rigor profesional, evitando generar confusión sobre todo hacia las empresas empleadoras y a los distintos actores implicados en la inclusión laboral del talento con discapacidad.