La CNSE pide que las plazas públicas para enseñar Lengua de Signos se reserven a personas sordas

Fecha

24/11/2021

Medio

Servimedia

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La presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, pidió este miércoles en el Senado que la contratación pública de profesores de Lengua de Signos española o catalana recaiga en profesionales con sordera antes que en personas oyentes.

Díaz realizó esta petición ante la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado, donde expuso las principales demandas de su confederación y criticó el incumplimiento general de la legislación sobre accesibilidad universal en España.

Según explicó, “los profesionales sordos parten de una situación de absoluta desventaja en el mercado laboral”, por lo que “a la hora de crear plazas públicas para dar clases de Lengua de Signos” a funcionarios, escolares o miembros de la Administración, “se debería exigir que dichos profesores fuesen personas sordas”. Por lo menos, hasta que “logremos una mayor igualdad en el acceso al empleo”, declaró Díaz.

Ello contribuiría además al reconocimiento profesional de las personas que utilizan las lenguas de signos al mismo nivel que las lenguas orales, opinó.

Por otro lado, Díaz reclamó modificar el reglamento de Tráfico para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder al carné de conducir tipo 2 (para camiones, etc.); y la normativa de riesgos laborales, a fin de que “las exigencias de seguridad laboral se puedan adaptar” a su discapacidad.

Puso el ejemplo de trabajadores sordos que han ejercido como carretilleros durante toda su vida sin problemas. Pues bien, “con la normativa actual no podrían”, prosiguió, ya que “por prevención de riesgos laborales se les exige que puedan escuchar una conversación a 7 metros de distancia”. Según Díaz, la CNSE no se opone en absoluto a estas normas, pero señaló que “existen estrategias para adaptar los requisitos” a las personas con discapacidad auditiva.

En cuanto al empleo público, exigió que todas las personas sordas que se presenten a una oposición tengan garantizadas las ayudas que precisan, y lamentó que “a veces, cuando llegan, se encuentran con que no disponen de un intérprete, o que se les exige retirarse los audífonos”.

También criticó que se someta a una revisión médica para “evaluar si son aptos para el puesto de trabajo” a las personas con discapacidad que han superado la oposición. “Si se les permite presentase al examen y lo aprueban, la obligación es adaptar el puesto de trabajo y prestar las ayudas técnicas que la persona requiera”, subrayó.

FORMACIÓN

Díaz se refirió también a las carencias que los alumnos con sordera se encuentran en el sistema educativo, sobre todo una vez terminada la educación obligatoria, esto es, en Bachillerato, ciclos de FP o en la universidad. “Aunque varía mucho en cada comunidad autónoma, es frecuente que empiece el curso y no se hayan previsto intérpretes de Lengua de Signos”, apuntó, “que éstos no estén a horario completo, o que se les excluya de las asignaturas que el alumno repite”.

”Los estudiantes con sordera tienen derecho a un intérprete durante todo el curso escolar, desde el principio hasta el final, y por supuesto, para todo el horario lectivo, con independencia de que sea o no repetidor”, declaró Díaz. “Igual que el resto de alumnos”. Del mismo modo, defendió que en las escuelas oficiales de idiomas no se obligue a los estudiantes con discapacidad auditiva a superar las pruebas de idioma oral y auditiva o, por lo menos, que les “den la opción de elegir”. “Una persona que no oye puede leer y escribir otro idioma, pero no hablarlo o escucharlo”, explicó.

ACCESIBILIDAD

Por otro lado, Díaz pidió más apoyo del Gobierno para la plataforma de videointerpretación que CNSE puso en marcha en 2009, que permite la comunicación telefónica entre personas sordas y oyentes gracias a la figura del videointérprete de Lengua de Signos.

Esta herramienta se reveló de gran utilidad durante la pandemia, indicó Díaz, cuando “absolutamente todos los servicios se prestaban por teléfono y las personas sordas se vieron en situación de gran vulnerabilidad y exclusión”.

Apuntó que en 2020 la plataforma atendió 165.000 llamadas de personas sordas, y entre enero y octubre de 2021, 152.000. Además, Díaz destacó el elevado número de llamadas gestionadas para comunicar con servicios de emergencia (Policía o Guardia Civil, 112, 016, etc.). En su opinión, los datos demuestran la confianza del colectivo en esta plataforma.

Díaz también pidió más financiación para los programas de la CNSE de apoyo a personas sordas y reivindicó el papel de todas las ONG de acción social durante la pandemia, que “lo hemos dado todo para atender a los colectivos más vulnerables”.

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