Inserta Empleo y su apoyo a las mujeres con discapacidad victimas de violencia de género

Fecha

19/12/2021

Medio

Todo Disca

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Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha atendido desde 2017 a 3.523 mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género. Además, ha conseguido para ellas 1.020 contratos laborales.

Del total de mujeres atendidas por la entidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), desde 2020 y hasta la fecha, bajo una metodología propia de intervención derivada de la puesta en marcha del proyecto ‘Mujeres en modo ON VG’, 915 han sido atendidas y 200 han obtenido un contrato a través del citado proyecto.

Esta iniciativa tiene como objetivo la mejora de la vida de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a través de su inclusión social y laboral y se enmarca en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que desarrolla Fundación ONCE a través de Inserta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el fin de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Conscientes de la singularidad de la variable violencia de género en la atención y orientación de las mujeres con discapacidad, y con la finalidad de concienciar sobre la importancia de este tipo de programas, Inserta Empleo celebró el III Encuentro de su proyecto ‘Mujeres en modo ON VG’.

La jornada se centró en cómo la colaboración entre Inserta Empleo y el tejido asociativo de la discapacidad es fundamental para impulsar la mejora de la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género, que pasa, necesariamente, por su inserción laboral.

La importancia de la ayuda y acompañamiento

Durante el evento, que se celebró tanto de manera presencial en el Auditorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid como vía streaming a través de la plataforma ZOOM, se abordó, a través de la intervención de diferentes expertos y testimonios reales, la especial vulnerabilidad que presentan estas mujeres y la importancia de la ayuda y acompañamiento que se les ofrece gracias a programas como este.

Y es que, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 –la última ofrecida por el Ministerio de Igualdad y la primera que se detiene en las mujeres con discapacidad- el 40,4% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido algún tipo de violencia en la pareja, frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad.

Asimismo, este mismo informe revela que las mujeres con discapacidad acreditada denuncian el maltrato en mayor medida (30,8%) que las mujeres sin discapacidad (20,9%). Lo mismo sucede con la búsqueda de ayuda formal: el 50,5% de las mujeres con discapacidad ha buscado ayuda formal (médica, psicológica, han acudido a servicios sociales, etc.) como consecuencia de la violencia de género sufrida a manos de alguna de sus parejas, frente al 31,1% de las mujeres sin discapacidad.

Importancia del tejido asociativo de la discapacidad

La inauguración de la jornada corrió a cargo del vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, quien destacó el papel que las organizaciones realizan para dar espacio a la mujer con discapacidad, “que tiene muy poco espacio y, cuando lo tiene, lo tiene para malas estadísticas”, y abogó por encontrar soluciones tanto desde el ámbito político como desde la sociedad. Con respecto a la violencia de género en las mujeres con discapacidad, “es un reto que llama a la respuesta grupal”, apuntó.

Wafa El Elj, víctima de violencia de género, compartió su experiencia destacando el papel que tuvo su familia en su proceso de recuperación tras el maltrato que sufrió. Wafa explicó la gravedad de las secuelas psicológicas “que son las más difíciles de superar” y envió un mensaje de ánimo a las víctimas: “les animo a que luchen por ser libres. Es muy duro, pero se puede salir”.

El Elj concluyó su intervención haciendo una valoración de la situación en la que se encuentran las mujeres con discapacidad en la sociedad: “lamentablemente, la accesibilidad no se tiene en cuenta en muchos ámbitos y nos encontramos con diversos obstáculos continuamente en las casas en las que se pueden refugiar”.

Especial vulnerabilidad

Durante la jornada se celebraron dos mesas redondas. La primera, centrada en la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ante la violencia de género, fue moderada por la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, que explicó cómo nació el proyecto ‘Mujeres en modo ON VG’. “La variable de violencia de género fue un tema que surgió cuando, en el proceso de entrevistas que realizábamos a estas mujeres, nos dimos cuenta de que debíamos abordar su proceso de recuperación, y por eso creamos este proyecto”, afirmó.

La mesa contó con la intervención de la eurodiputada del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, Rosa Estaràs, quien denunció el problema de acceso a la justicia, falta de información y acceso a los servicios y refugios que sufren estas mujeres, lo que hace que permanezcan durante más tiempo en situaciones violentas.

“Los estereotipos entre hombre y mujer son graves, pero aún más si cabe lo son los que hay hacia las mujeres con discapacidad”. La eurodiputada señaló que muchas veces se cree que son incapaces de tomar decisiones, se desestiman pruebas en la justicia o la mujer desconoce sus derechos, entre otros. “Existen una serie de estereotipos que solo agravan la situación”, apuntó.

Estaràs explicó que la nueva Estrategia sobre los derechos de las personas con Discapacidad, adoptada en marzo de 2021 por la Comisión Europea, implica un compromiso hacia la igualdad de género. En este sentido, señaló que desde Europa se está trabajando también en dos temas relevantes: por un lado, evaluar la violencia de género como un euro delito y, por otro lado, regular la ciberviolencia de género tanto para prevenir como para proteger a las víctimas.

Inclusión de la mujer con discapacidad en las estadísticas

Por su parte, la directora gerente de COCEMFE, Elena Antelo, reclamó la inclusión de estas mujeres en las estadísticas, la accesibilidad a los recursos y que se tenga en cuenta la experiencia de las organizaciones de la discapacidad en casos de violencia extrema, ya que “cuando llegan a los circuitos que tenemos establecidos, han pasado por situaciones horribles”.

Antelo también quiso destacar la importancia de que los profesionales sepan reconocer las situaciones que impiden que las mujeres con discapacidad tengan más participación en la sociedad y reclamó el papel de la Administración como agente activo.

El director de Plena Inclusión, Enrique Galván, apuntó a la necesidad de una modificación legislativa, así como de generar accesos de apoyo y servicios accesibles para todas las mujeres. Galván señaló el “marcado estereotipo y prejuicios que existen sobre qué es una persona con discapacidad intelectual” y relevó que “las mujeres con discapacidad tienen un riesgo 13 veces superior de sufrir violencia de género y tan solo el 3% de mujeres y niñas denuncian”.

Asimismo, explicó las áreas de trabajo de Plena Inclusión, enfocadas a los espacios públicos, institucionales y privados para mejorar los entornos de seguridad de estas mujeres. En este sentido, reclamó la promoción de la formación a las personas que atienden a las víctimas con discapacidad cognitiva desde las Oficinas de Atención.

El dato como herramienta de visibilización

La segunda mesa abordó la importancia del dato como herramienta para visibilizar la violencia de género de mujeres con discapacidad. La directora Ejecutiva del CERMI y secretaria del Patronato de la Fundación CERMI MUJERES, Pilar Villarino, destacó las grandes peticiones que desde su entidad se han hecho a las administraciones públicas.

Por un lado, que se ponga en marcha una macroencuesta del estado de la mujer con discapacidad víctima de la violencia de género para poder tomar políticas adecuadas; así como luchar contra el sesgo en los datos, “el cual viene derivado de la invisibilidad permanente que existe entre las mujeres con discapacidad”. En este sentido, Villarino abogó por la transformación digital.

Otras demandas son la plena accesibilidad a los mecanismos de ayuda; la formación en especificidades de la discapacidad entre las personas que están implicadas en el proceso; el acceso a la justicia con todas las garantías procesales o los protocolos entre los miembros policiales y judiciales. Villarino destacó, así, la importancia del trabajo en red y el desarrollo e implantación de la asistencia personal en el ámbito de estas mujeres.

Por su parte, la subdirectora general adjunta de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Celia Santos Sánchez, explicó la labor que hace la Administración en este sentido. “Los datos son fundamentales para orientar las políticas públicas y para concienciar a la población a través de datos objetivos y fiables”.

La importancia de la figura del compass

Santos reconoció que los datos de registros administrativos de violencia contra la mujer trabajan únicamente con los datos provenientes de las mujeres que denuncian, lo que dificulta el conocimiento del problema en profundidad; si bien las encuestas aportan algo más de información sobre el mismo, pero lejos de la prevalencia real del problema en la sociedad, que es más grande. “Si añadimos la variable discapacidad, nos resulta muchísimo más complicado medir el problema”, afirmó.

Por otro lado, la figura del compass, persona que acompaña a las mujeres en su proceso de recuperación, fue un tema transversal de la jornada. Así, Carmen Rodríguez, compass del proyecto en Inserta Canarias, y Felipe Expósito, compass del proyecto en Inserta Asturias, pudieron compartir su experiencia con los asistentes.

La clausura corrió a cargo de la vicepresidenta tercera de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, quien destacó la labor de Fundación ONCE e Inserta al “visibilizar este problema y demandar aquello que necesitamos conocer”.

Sanz compartió algunos datos en relación a la violencia de género y señaló que, de las 1.118 víctimas mortales de violencia de género que se han contabilizado desde que hay registros, se desconoce cuántas tenían discapacidad, “algo que no sabemos por esa insuficiencia de datos que tenemos todos los agentes”. Sanz insistió en que “en algunas ocasiones, aunque tengamos datos, son pocos los altavoces que tenemos para contarlo”.

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