Fundación Manantial promueve, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, un código de buenas prácticas en la protección jurídica de adultos.

Según ha informado la Fundación en un comunicado, este código está dirigido a las personas con responsabilidad en la función tutelar y a la propia persona que ve modificada su capacidad jurídica.

Responde así a una serie de ideas recogidas de los seminarios celebrados en 18 meses con la aportación de todos los profesionales jurídicos implicados en un proceso de tutela. Asimismo, la obra suma distintas perspectivas internacionales y las experiencias resultantes de la aplicación Convención de Nueva York para los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los autores han sido el director de Tutela y Ambito Penitenciario de Fundación Manantial, Javier Pallarés, y la profesora Titular de Derecho civil en la Universidad Rey Juan Carlos, Montserrat Pereña.

El código se ha dado a conocer durante en el Congreso Internacional de ‘Buenas prácticas en el ejercicio de las medidas de protección jurídica de adultos’, que ha tenido lugar en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Durante el mismo, el presidente de la Fundación Manantial, Francisco Sardina, ha recalcado que se trata de un código que “incorpora una praxis acuñada desde el rigor y el enfoque humano”. “El código incorpora una praxis acuñada con rigor bajo un prisma sumamente humano donde lo que prima es el respeto a la persona protegida”, ha añadido Sardina.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Ignacio Sancho ha incidido en que “la función del juez es diseñar un traje a medida en la aplicación de un régimen tutelar adecuado”. “Nuestra función no es resolver conflictos sino ejercer de garantía”, ha explicado el magistrado.

Para ello, el magistrado del Tribunal Supremo ha apostado por una mayor preparación psicológica, social y afectiva de los jueces. “El juez ha de ver a la persona, meterse en su mundo, en su entorno”, ha señalado.

Para Sancho, una vez determinado el régimen tutelar, el ejercicio práctico requiere un “control real y plausible” por parte del juez. En este sentido, ha señalado que “el juez tiene que hacer una supervisión personal y si es necesario, volver a ver a la persona para valorar su evolución”.

El magistrado no se ha mostrado partidario de reformar la ley, sino de hacer efectivo el control de la tutela y promover iniciativas para mejorar su práctica. “En España tenemos los instrumentos legales, el problema está en la sensibilidad para ejercerlos”, ha sentenciado.