La Fundación Cermi Mujeres exigió este martes que la futura Ley de Familias tome en consideración las familias de personas con discapacidad y que lo haga “con enfoque de género”, y recalcó que próximamente trasladará estas demandas al Ministerio de Derechos Sociales.
Así lo manifestó la entidad tras la reunión de la Mesa Asesora por los Cuidados, puesta en marcha por el Ministerio de Igualdad y que cuenta con la participación del Cermi y la Fundación Cermi Mujeres, en representación del sector social de la discapacidad en la que también participaron la secretaria de Estado de Igualdad, Ángeles Rodríguez; y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, quien aseguró que a principios de 2022 comenzará el trámite de esta ley.
Durante la misma, se presentó la futura Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, norma que reconocerá jurídicamente y protegerá a todas las familias de España sea cual sea su estado civil, orientación sexual o el origen de filiación.
De esta manera, en el encuentro se recalcó que “es necesaria una reforma estructural profunda” así como alinear las políticas de familia en España con el pilar de derechos sociales y con la política europea ya que el marco regulatorio actual está poco integrado y existe distinto nivel de protección en función de las comunidades autónomas. En este sentido, se recordó que la Comisión Europea ya recomendó la necesidad de mejorar el apoyo de España a las familias.
Así, Álvarez reiteró que “hay que mejorar los apoyos para atender a necesidades singulares, ya sea por vulnerabilidad económica o social y por otras razones, como las familias monomarentales, monoparentales, las que tienen un número elevado de hijos/as o familias donde concurren enfermedades raras, discapacidades, etcétera”.
En este sentido, se hizo hincapié en las medidas relevantes que incluirá el proyecto inicial de la ley como son el pleno reconocimiento jurídico de la diversidad familiar en las familias; la adaptación del sistema fiscal y de seguridad social a esa diversidad familiar; la mejora de la protección económica; la garantía de oferta de servicios a la infancia de 0 a 3 años; el régimen de los permisos parentales más avanzados; la regulación del concepto de familia monomarental y monoparental; la reforma de la ley de protección de las familias numerosas; así como la atención a las necesidades específicas.