Fiscalía vasca apuesta por “cambiar la tendencia al alza” de procedimientos de incapacidad y reducir “las limitaciones

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29/11/2018

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La Fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha manifestado el compromiso de la Fiscalía en “lograr una disminución o, por lo menos, cambiar la tendencia al alza de los procedimientos de incapacidad” y, además, reducir “al máximo” las limitaciones de autonomía.

La responsable de la Fiscalía vasca ha participado este lunes en las LXVI Jornadas Aequitas que el Palacio de Justicia de Bilbao, que acogerá durante este lunes y martes la nueva edición de las jornadas organizadas por la Fundación Aequitas, el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco, bajo el lema ‘Retos sociolaborales y jurídicos sobre la discapacidad’.

El encuentro ha sido inaugurado este lunes por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, la viceconsejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, Miren Gallastegui, el decano del Colegio Notarial del País Vasco, Diego Granados, y el patrono de la Fundación Aequitas, Emilio Olabarria.

El patrono de la Fundación Aequitas, constituida en 199 por el Consejo General del Notariado para canalizar las aportaciones en relación a la discapacidad y situaciones de vulnerabilidad, ha lamentado que “nunca es suficiente ni la labor de los poderes públicos ni la actividad normativa de las instituciones” en esta materia y tampoco la de los agentes privados, en este caso por “la carencia de medios con la que deben realizar su función”.

Olabarria ha criticado que “nunca ha sido la prioridad de los poderes públicos la atención a este colectivo” y, en este contexto, se registran avances “puntuales y dispersos”, como la iniciativa que se está debatiendo en las Cortes sobre el matrimonio de personas con discapacidad.

El patrono de la Fundación Aequitas ha explicado que, en el ámbito laboral, se han dado “avances muy tímidos”. Según ha indicado, la reforma “muy discutible” de 2012 “ni cita” a esta colectivo “salvo algunas excepciones” y el “fracasado” contrato de fomento para la contratación indefinida tampoco hace “ninguna alusión directa”.

Asimismo, ha denunciado “el incumplimiento que supera el 50% de los requerimientos” de la Ley Integración Social de Minusválidos de 1982, que contempla la reserva del 2% de plazas para discapacitadosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. en empresas de más de 50 trabajadores. “No se puede seguir tolerando”, ha afirmado.

Del mismo modo, ha apuntado que el Congreso está tramitando un proyecto de ley de traslación de dos directivas de 2014 que establecen que las empresas que contraten con la administración también deberán incorporar el 2% de trabajadores con discapacidad a sus plantillas.

No obstante, ha advertido de que su cumplimiento se exige mediante “declaraciones responsables” de los empresarios, lo que considera un “instrumento insuficiente” y, además, no supone en caso de incumplimiento “ni un expediente sancionador”.

El patrono de la Fundación Aequitas ha explicado, además, que en la universidad desde 2002, cuando se empezó a trabajar en la “convergencia europea” de titulaciones, no se ha avanzado “nada” en materia de discapacidad pese a “las invocaciones” en el Plan Bolonia.

La viceconsejera de Trabajo y Justicia, Miren Gallastegui, ha subrayado que el Gobierno vasco está “absolutamente involucrado”, por “convencimiento”, en el mandato de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006, “vinculante” para España, que se concibió como “un instrumento de desarrollo social en el ámbito de los derechos humanos” y que “reafirma que todas las personas deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

La Convención, según ha recordado, mandata a los poderes públicos a introducir todas las reformas legislativas y adaptaciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos, así como las medidas necesarias para “reforzar su protección”. “El grado de compromiso del Departamento es máximo”, ha insistido la viceconsejera.

“PERSONAS VULNERABLES Y VULNERADAS”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, también ha aludido a esa Convención que “se alinea con el reto de una Justicia como entidad que incluya a las personas vulnerables y vulneradas”.

Ibarra ha considerado que “la clave al acercamiento inclusivo de la realidad social de la discapacidad está en la comprensión de la Justicia como reciprocidad igualmente dotadas en la dignidad” que les confiere “ser sujeto y no objeto de los derechos y deberes constitucionales”.

Tras recordar que “nacemos siendo bebés necesitados de asistencia y terminamos nuestra vida con frecuencia inmersos en la dependencia y en la vulnerabilidad, en nuestra crecientemente envejecida”, ha apelado a avanzar en “una sociedad inclusiva y solidaria que acoja a las personas con discapacidades como contribuyentes netos que ensanchan la humanidad y cuya participación en la sociedad nos aporta valor social recíproco durante toda su existencia”.

LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD

En la línea de esta Convención de Naciones Unidas, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmén Adán, ha manifestado el compromiso de la Fiscalía en “lograr una disminución o, por lo menos, cambiar la tendencia al alza de los procedimientos de incapacidad”.

En este sentido, ha explicado que, de las 1.400 familias que en 2016 pidieron la incapacidad de alguna persona, “menos de 1.000 de estas situaciones han dado lugar a una demanda de incapacidad” en la que, además, la Fiscalía “ha pedido que se reduzca al máximo las limitaciones de autonomía personas y, sobre todo, que se garanticen una serie de derechos que antes se limitaban” en este tipo de procedimientos.

Por su parte, el decano del Colegio Notarial del País Vasco, Diego Granados, ha destacado la labor de los notarios como “testigos privilegiados” de los “problemas cotidianos que angustian a los padres preocupados por el futuro cuando ellos falten”, así como de la elección de “la persona o institución a la que puedan encomendar el cuidado de los bienes del pariente necesitado de especial protección”.

En este marco, ha apostado por establecer “un canal de actuación conjunto con todos los profesionales que se relacionan con la discapacidad y vulnerabilidad” y por mantener “una relación fluida y eficaz” con todas las entidades dedicadas a la protección de personas vulnerables para asegurar el disfrute de todos los derechos “en condiciones de igualdad y, sobre todo, el respeto de su dignidad”.

Tras la inauguración, las jornadas han comenzado las sesiones de debate previstas en materias como el derecho civil y las personas con discapacidad o los programas de integración social.

Su objetivo es “reflejar soluciones jurídicas recientes para la atención de las personas con discapacidad, con experiencias sobre su integración en la vida social y laboral, explicadas las primeras por juristas interesados en esta disciplina, y las últimas por profesionales dedicados a la materia”, han indicado desde la Fundación Aequitas.

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