El presidente de la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), Juan Cid, ha denunciado, en una entrevista publicada en el periódico ‘cermi.es semanal’, una deuda de las administraciones públicas con las entidades de Feaps que asciende a 60 millones de euros, y en lo que respecta al empleo, de unos 24 millones.
Asimismo, estima que la no incorporación de personas a la dependencia podría suponer un sobrecoste para el entorno Feaps y sus familias de unos 280 millones de euros, “que repercutiría directamente en las propias personas con discapacidad intelectual y sus familias”.
“Estos datos aislados hablan de una situación de emergencia que nos preocupa y, además, aunque la deuda ha mejorado algo, la discapacidad intelectual, en su conjunto, tiene una cuota lamentable de participación mayor en el ámbito de la discapacidad en general”, añade.
En este sentido, afirma que, en estos momentos, hay “bastante” preocupación en las entidades de Feaps, porque “las dificultades se están centrando fundamentalmente en el ámbito del empleo y los servicios sociales”.
Según explica, la tasa de paro en el empleo de las personas con discapacidad triplica la tasa de paro normal. Además, en relación a la contratación de personas con discapacidad en empresas de una determinada dimensión, continúa, “todavía hay algún incumplimiento de las leyes”, en este sentido.
Según Cid, “no se están aplicando esos ratios y es algo que debemos reclamar para que lo que está establecido en la normativa se lleve a cabo y se pueda cumplir”.
“Estamos en una situación especialmente crítica y las demandas adquieren una significación especial con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos”, indica Juan Cid. A su juicio, para cumplir estos derechos, “hacen falta recursos”, aunque, reconoce, “estamos teniendo dificultades que tienen que ver con la economía y con la crisis”.
En relación al nuevo Gobierno, Cid espera un nivel de interlocución “cercana” y de “empatía” para que lleguen a conocer “en profundidad” las preocupaciones del sector. Asimismo, opina que, dentro del ámbito social de la discapacidad, los distintos responsables que se han ido nombrando son personas “competentes”, al tiempo que reconoce que las circunstancias actuales son “muy complicadas” para tomar decisiones, pero afirma que, por su parte, hay expectativas de “poder llegar a acuerdos relevantes e importantes”.