La Confederación Españolas de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha solicitado a las administraciones educativas accesibilidad en todo el proceso de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, que se celebrará en junio, para «garantizar la participación de los estudiantes con sordera y su acceso a la educación en igualdad de condiciones».
En este sentido, recuerda que la Orden PCM/63/2023, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad garantiza que «se velará por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo».
La norma señala que la evaluación de este alumnado tomará como referencia las adaptaciones curriculares realizadas para el mismo a lo largo de la etapa. Particularmente, se contemplarán medidas de flexibilización y metodológicas en la evaluación de lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para los casos de alumnado con discapacidad auditiva, alumnado con dificultades en su expresión oral y/o con trastornos del habla. Estas adaptaciones «en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas».
Por ello, FIAPAS advierte de que la realización de la prueba de evaluación en espacios amplios, la distancia respecto de la fuente de sonido y/o de quien hable, hacen necesario que las comunidades autónomas «prevean la disposición de productos de apoyo para la accesibilidad auditiva, a la información y a la comunicación», como emisoras FM individuales, tecnología inalámbrica digital (micrófonos remotos) y/o instalación eventual de bucle magnético, para que el alumnado con discapacidad auditiva «pueda solventar cualquier barrera en la comunicación que precise realizar».
Además, explica que los estudiantes que finalicen Segundo de Bachillerato también pueden solicitar la adaptación de tiempos para la realización de las pruebas; disposición de los medios materiales y humanos; adaptación del modelo de examen a las necesidades específicas de cada persona; y la accesibilidad a la información y a la comunicación en todos los procedimientos.
