Desarrollar un Reglamento del RDL 7/2018 que garantice el derecho a la atención sanitaria, eliminar las barreras a la exclusión, asegurar el gasto público necesario para garantizar una financiación que permita reducir las igualdades y parar las privatizaciones, son las principales recomendaciones extraídas del informe ‘Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Estado español’, elaborado por la Plataforma DESC, de la que forma parte la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad (FADSP).
Esta investigación, desarrollada en el marco del examen periódico universal que realizan las Naciones Unidas tiene como principal objetivo evaluar en qué punto se encuentran estos derechos en la población española.
Las personas inmigrantes, refugiadas, gitanas, con discapacidad, LGTBI y sin hogar se han convertido en sujetos de discriminación en lo referido a estos derechos, fundamentalmente en empleo, vivienda, salud y educación. En este sentido, las 19 entidades que conforman la Plataforma DESC España han reclamado la ampliación del marco legal de manera que aborde de manera integral la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación en todos sus ámbitos.
Respecto a salud, la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 ha sido un paso “importante” en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, sin embargo, siguen existiendo gran cantidad de personas, fundamentalmente inmigrantes, que continúan siendo excluidas de estos servicios.
De este modo, se han barajado cuatro recomendaciones. La primera de ellas ha sido la elaboración de un reglamento del RDL que garantice el derecho a la atención sanitaria. Asimismo, se ha establecido eliminar las barreras de exclusión, reconociendo el derecho de atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas mayores y garantizando la misma a mujeres embarazadas, menores de edad, personas sin hogar, víctimas de trata, quienes también podrán tener acceso a la atención de urgencias sin un tiempo mínimo de estancia en el país.
Por otra parte, se ha recomendado asegurar el gasto público con el objetivo de conseguir la financiación suficiente para reducir estas desigualdades, y recuperar lo privatizado con el fin de garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios de salud.
Por último, se ha concluido el establecimiento de cuatro recomendaciones generales con el fin de paliar las diferencias y la exclusión en empleo, educación, salud y vivienda. Entre ellas se encuentra la aprobación de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación que asegure que todas las personas dispongan de las mismas garantías. Por otra parte, han aconsejado establecer un modelo de trabajo más eficiente en la lucha contra la desigualdad y eliminar los aspectos de las normativas que generan discriminación.
