El TSJ [Tribunal Superior de Justicia] condena a la OID [Organización Impulsora de Discapacitados] a pagar 15 millones de pesetas por vender cupones no homologados y autorizados en la Comunidad [Valenciana]

Fecha

29/11/2000

Medio

EUROPA PRESS - Comunidad Valenciana

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La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado
ajustada a derecho la resolución de la conselleria de Economía y
Hacienda de la Generalitat Valenciana que acordó multar a la
Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por vender cupones no
homologados y sin autorización, aunque ha rebajado la sanción
impuesta, de 25 millones de pesetas, estableciéndola en 15 millones.

En la resolución del conseller se acordó, además de la multa, el
decomiso y la destrucción de los elementos de juego y la incautación
de las cantidades intervenidas por la supuesta comisión de una
infracción muy grave de las tipificadas en la Ley 4/1988 de 3 de
junio, reguladora del Juego en la Comunidad Valenciana.

La OID había recurrido esta resolución al entender que la
conselleria de Economía no tenía la competencia de sancionar "por
tratarse de una actividad que se despliega en el ámbito nacional y,
por consiguiente, excede las competencias y ámbito de actuación de la
Comunidad Autónoma Valenciana". Asimismo, había planteado una
objeción a la validez de las pruebas, que consistían en varios grupos
de cupones de los que los vendedores se hallaban vendiendo.

La sala considera que no cabe hablar de elementos de prueba ya que
la recurrente reconoció "desde el primer momento ser verdad que se
halla vendiendo cupones no homologados y sin autorización" y, según
el tribunal, "tanto es así que la única prueba solicitada por la
propia actora consiste en pedir que se oficie al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid para probar que la denegación de autorización fue
en su día recurrida".

La recurrente, según el tribunal, "no desea probar que no mantiene
actividad no autorizada sino que en esta sede sigue insistiendo en
que la mantiene pero no es la Comunidad Valenciana el poder público
que puede impedir la realización de esta actividad ni, por ello,
sancionarla".

La sala considera que las invocaciones realizadas por la
recurrente en relación con sentencias del Tribunal Constitucional
dictadas en resolución de conflictos entre el Estado y algunas
Comunidades no permiten llegar a la conclusión pretendida de que las
Comunidades Autónomas no pueden ejercer la inspección de las
actividades ilegales ya que "estamos ante una actividad que carece de
toda cobertura legal, ni autonómica ni nacional por lo que no cabe
excepcionar la competencia de unos u otros órganos".

En este sentido, señala que la Ley 4/1988 de 3 de junio reguladora
del Juego de la Comunidad dispone en su artículo 1 que esta norma
"tiene por objeto la regulación en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana del juego y de las apuestas en sus distintas
modalidades", lo que implica "todo tipo de juegos susceptibles de ser
inventados y no incluidos en otra regulación específica ni
territorial ni nacional".

En esta misma Ley se enumeran en el artículo 23 las faltas muy
graves, entre las que se encuentra la explotación de juegos sin tener
las correspondientes autorizaciones administrativas, que serán
catigadas con una sanción de hasta 25 millones, que se establecerá
según las circunstancias de cada caso. En esta causa, la sala
considera que no es oportuno reducir la sanción al mínimo, de cinco
millones, ni tampoco al máximo, por lo que acuerda fijar en un grado
medio la multa, dejándola en 15 millones de pesetas.

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