El tercer sector social catalán reclama de 600 a 900 millones más para revertir los recortes

Fecha

28/03/2019

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La Confederació alerta de una infrafinanciación en 10 años que afecta a derechos.

Las entidades sin ánimo de lucro de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social han alertado de una infrafinanciación pública en la última década por los recortes en la crisis, el aumento de los usuarios y la subida de los costes, y han calculado que haría falta incrementar la dotación en 600-900 millones de euros para afrontar el déficit.

El malestar es generalizado porque “afecta a los usuarios, a las condiciones laborales de los trabajadores y al sostenimiento de las propias entidades”, ha dicho este jueves en rueda de prensa su presidente, Joan Segarra, que ha avisado de que estudian acciones legales y ya han presentado una reclamación a la Generalitat alegando servicio infrafinanciado.

“Pedimos al Govern y a los partidos del Parlament un compromiso firme y real para la mejora, que se prioricen partidas para el sector y que la prórroga de los Presupuestos no empeore” la situación, y ha propuesto un plan de mejora de la financiación que empiece este año y que se resuelvan inmediatamente los retrasos en los pagos.

A preguntas de los periodistas, ha calculado que harían falta entre 600 y 900 millones más de presupuesto para afrontar a los recortes y las demandas acumuladas, pero debería ser más si se quiere mejorar el sistema y afrontar las necesidades imprevistas –como los menores no acompañados–: “En 2019 ya tiene que llegar una parte”, y propondrán un plan de tres años negociable.

“DINAMICAS PERVERSAS”

En los concursos públicos ven a menudo “dinámicas perversas” que priorizan el menor coste, tanto en la Generalitat como en municipios, lo que empeora la calidad del servicio y las condiciones laborales, y cree que podría solucionarse con la ley con la que el Govern prevé crear una concertación de los servicios sociales.

Esta concertación debe ayudar a “expulsar a multinacionales, fondos de inversión y fondos buitre que buscan hacer negocio con los servicios sociales”, ante lo cual apuestan por priorizar en la concertación –en la que la administración podrá elegir– a organizaciones sin ánimo de lucro, que ofrecen retorno social.

“Los servicios sociales no tienen que ser objeto de negocio”, ha defendido, lo que está amparado en legislación estatal y que ya han empezado a impulsar Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura, además de otros territorios europeos.

Ha criticado los actuales retrasos en el pago: por ley deberían ser de un mes pero se ha normalizado que sean de 60 días, a veces de 90, y llegan a ser 120 días en entidades de atención a la infancia, y “puntualmente hay cosas de años anteriores”, por lo que pedirán intereses de crédito.

La Confederació ha recordado que son servicios que cubren derechos, “y es la administración la que debe garantizar una financiación adecuada; no son servicios privados o de los que se podría prescindir”, y esto comporta que las entidades tienen que aumentar los usuarios a pesar de tener el mismo gasto.

La representante de la Comisión de Discapacidad, Salud Mental y Atención Precoz, Amèlia Clara, ha calculado que, de 2009 a 2018, las entidades aportaron el 16% del gasto de servicios públicos de cartera –que son derechos y no pueden negar–, para lo que han tenido que sacar dinero de otros servicios de atención a las personas: “La situación es absolutamente insostenible”.

Ha dicho que ha habido servicios de atención a niños con discapacidad intelectual que han duplicado usuarios sin aumentar inversión; y el representante de la Comisión de Acción Social, Joan Muntané, ha lamentado de que en la infancia, “en el ámbito residencial de atención a la protección, claramente las ratios están por debajo de lo que haría falta”.

Sobre las personas mayores, Josep Serrano ha criticado que, con la ley de la dependencia, “las residencias se han convertido en atención sanitaria ‘low cost’ que hace que atiendan personas que no caben en el sistema sanitario”, mientras el sobreenvejecimiento aumenta la presión y el actual modelo no reconoce esta realidad; y ha cifrado en un 70% las empresas mercantiles en el sector.

FUGA DE PROFESIONALES

Han pedido a la Generalitat la memoria económica para estudiar si los precios cubren lo que la ley marca, y ha exigido que se aumente la dotación para equiparar salarios y condiciones laborales en las entidades y en el sector público, tras detectar una “fuga” de profesionales hacia servicios de titularidad pública por mejores condiciones y retribución.

También han reclamado para los servicios sociales el mismo trato que merecen la salud y la educación: “Nos sentimos el hermano pobre de los pilares del bienestar”, ha destacado el presidente.

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