Así lo demandó al gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que consideró que las fundaciones de grandes empresas lucrativas “no son genuino tercer sector social, caracterizado por el altruismo, la nota de voluntariedad y la renuncia al afán de lucro”.

En concreto, la PTS propone incorporar al texto de la resolución de 2024 que finalmente se apruebe un epígrafe que “contemple” la “exclusión” de la convocatoria, por “no atenerse al ámbito subjetivo de entidades destinatarias”, de aquellas entidades de naturaleza fundacional, de ámbito estatal o autonómico, cuyo fundador sea “una compañía o sociedad mercantil con ánimo de lucro que participe ordinariamente en el mercado económico de intercambio de productos y bienes o de prestación de servicios”.

A este respecto, mostró su “preocupación” por el hecho de que, al no existir esta “exclusión”, en las últimas ediciones de esta convocatoria de subvenciones “varias” fundaciones de matriz empresarial lucrativo han concurrido y han resultado adjudicatarias de ayudas de cuantía “relevante”.

“Esta situación desvirtúa la naturaleza, netamente social, que deberían tener estas subvenciones y que son las de mayor trascendencia para el Tercer Sector de ámbito nacional”, apostilló.

CONSENSUADA CON BELARRA

En este contexto, también recordó que esta propuesta de “exclusión” para las fundaciones de grandes empresas ya había sido “consensuada” con el anterior Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, y que su inclusión debía “materializarse” a través del próximo Real Decreto de bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

El Tercer Sector dijo “confiar” en que este criterio se “aplique” ya en la convocatoria que se aprobará “en las próximas semanas”.