El Supremo da la razón al Cermi y avala la anulación del “copago” en las prestaciones por dependencia

Fecha

06/12/2011

Medio

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se felicitó este martes por la resolución del Tribunal Supremo que ha inadmitido el recurso del abogado del Estado contra la anulación del “acuerdo de copago” en el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia (SAAD).

De esta forma, queda ratificada la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba nulo el acuerdo del Consejo Territorial del SAAD donde se determinaban la capacidad económica y los criterios de participación en el coste de los servicios por parte de los beneficiarios, conocido coloquialmente como copago.

Según el Cermi, con esta decisión del Tribunal Supremo concluye el proceso judicial que dicha entidad inició al impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acuerdo de copago, por razones de “fondo y de forma”.

La Audiencia Nacional dio entonces la razón al Cermi, al considerar que los criterios para determinar la capacidad económica y de participación en el coste de los servicios debieron fijarse mediante norma reglamentaria del Estado (real decreto) por tratarse de una disposición de carácter general, y no a través de un mero acuerdo carente del rango normativo necesario.

El Gobierno central recurrió en casación la sentencia de la Audiencia Nacional, que ahora queda confirmada en todos sus extremos al inadmitir el Tribunal Supremo el recurso del Abogado del Estado, que además habrá de hacer frente a las costas del proceso.

Para el Cermi, la conclusión de este litigio supone “una noticia positiva”, ya que el acuerdo del copago, tal como se aprobó, era “lesivo para los derechos e intereses de las personas con discapacidad o mayores en situación administrativa de dependencia”.

Por ello pidió al nuevo Gobierno que impulse la adopción de una norma reglamentaria estatal, “con rango normativo adecuado y que regule tanto la capacidad económica como los criterios de participación en el coste por parte de los beneficiarios del SAAD”.

“Todo ello en un clima de consenso, donde se tenga en cuenta el parecer del movimiento de la discapacidad y del de mayores”, concluyó.

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