La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado aprobó hoy por unanimidad una moción por la que instan al Gobierno la elaboración de una estrategia nacional para la enfermedad de Alzheimer que mejore la situación de los más de 3,5 millones de personas afectados “directa o indirectamente” por esta enfermedad neurodegenerativa en España.
La propuesta inicial partió del Grupo Popular, que pidió la creación de un plan nacional que cubriese las necesidades de detección, atención y tratamiento de estos pacientes y sus familiares, aunque en el debate los grupos aceptaron la enmienda del PSOE de pedir una estrategia nacional “basada en los principios de equidad y cohesión territorial”, similar a las ya creadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para otras patologís.
Para la senadora socialista Carmen Andrés, pese a que ya existen algunas iniciativas a nivel nacional que han mejorado la asistencia de estos pacientes –como la creación de un centro nacional de referencia del Alzheimer en Salamanca– era “necesaria” una iniciativa de este tipo para equiparse a otros países de la Unión Europea, como Francia o Reino Unido, que disponen de estrategias similares para abordar esta enfermedad.
La necesidad de implantar una estrategia nacional reviste en que la incidencia de esta enfermedad mental que está detrás de más de la mitad de casos de demencia, está aumentando a la par que el envejecimiento de la población. De hecho, el 50 por ciento de las personas de más de 85 años padece Alzheimer, y en los próximos años está previsto que se duplique el número de casos.
Además, y como añadió la senadora ‘popular’ María Begoña Contreras, es necesario que se atienda también a los familiares de estos pacientes que, al tener que cuidar de ellos, “sufren un deterioro de su calidad de vida y, en muchos casos, el síndrome del quemado”.
En el transcurso de esta Comisión en la Cámara Alta también se aprobaron otras mociones, cuatro de ellas por unanimidad de todos los grupos parlametarios. En una de ellas, exigen al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas la creación de una estrategia de acción para fomentar el diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento de las enfermedades musculoesqueléticas en el SNS.
Asimismo, han pedido al Ejecutivo que mejore los instrumentos de valoración del grado de incapacidad de los enfermos con fibromialgia, con baremos unificados a nivel nacional basados en las actividades de vida diaria que se definen en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), algo que es necesario porque estos pacientes “son unos incomprendidos tanto por el sistema sanitario como por el social”, explicó el senador del PP Ignacio Burgos.
APOYO A LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Por otro lado, la Comisión aprobó una enmienda transaccional de todos los grupos por la que piden que, en el marco del segundo plan estratégico de política farmacéutica, se potencie la utilización de medicamentos genéricos para llegar a la media del 20 por ciento de la Unión Europea, ya que en España es “apenas superior al 9,5 por ciento”, señaló el senador del BNG, José Manuel Pérez Bouza.
En este sentido, reclaman que se garantice el cumplimiento de la Ley del Medicamento en el apartado por el que obliga a las autoridades sanitarias a fomentar la prescripción de genéricos, con campañas de información a la población para “concienciarla de los beneficios para la sanidad pública”, sin necesidad de “ir en contra” de los laboratorios innovadores, añadió este senador.
También en el marco del uso de fármacos, aprobaron una moción por la que piden la puesta en marcha de guías de práctica clínica y cursos de formación para profesionales sanitarios que incida en la prescripción adecuada de antibióticos y antifúngicos y sus resistencias.
El objetivo, además, es potenciar políticas de control sobre la aplicación de estos fármacos en otros campos, como el veterinario o el de la industria agroalimentaria, así como homogeneizar las especialidades farmacéuticas de ambos a las pautas de duración más frecuente de los tratamientos en función del proceso infeccioso.
Por último, y pese al voto en contra del PSOE, salió adelante una moción por la que se pide al Gobierno que revise los contenidos formativos que deben conocer los cuidadores para que sean asimilables a lo establecido en la certificación de profesionalidad para la atención de personas en situación de dependencia.
Del mismo modo, reclaman el reconocimiento y acreditación de la formación recibida, así como de la experiencia del cuidado para el desempeño profesional de estas tareas, en servicios de ayuda a domicilio o de asistencia personal e institucional.