El Procurador del Común, Tomás Quintana, reclama a la Consejería de Educación la extensión del servicio de comedor gratuito para el alumnado en todos los centros educativos del medio rural.
Quintana, en su comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León para presentar el informe relativo al pasado año, argumentó que la propuesta para extender el servicio de comedor escolar tiene como objetivo ayudar a las personas que residen en el medio rural a conciliar las exigencias familiares con las obligaciones laborales, dado que los adultos frecuentemente deben trasladarse a diario fuera del lugar de residencia por razones laborales.
Además, en su intervención hizo especial hincapié en las peculiaridades que debe tener la educación en el ámbito rural. Así, también solicitó la mayor flexibilización posible de las ratios de alumnos por aula para los centros públicos incompletos y localidades de colegios rurales agrupados; también la debida dotación de los medios personales y materiales que garanticen una educación de calidad; así como la generalización de los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar para todos los Colegios Rurales Agrupados y para el resto de centros educativos que conforman la red de centros del medio rural.
Sistema de ayudas
Al mismo tiempo, el Procurador del Común planteó el establecimiento de un sistema de ayudas dirigidas al alumnado de los centros concertados que se encuentren en las mismas situaciones familiares y socio-económicas que el alumnado de los centros públicos, para hacer frente a los gastos de los servicios de comedor y transporte escolar. Respecto a ello, según Quintana, la Consejería de Educación expresó la voluntad de estudiar la posible convocatoria de un sistema de ayudas que permita compensar los gastos que realicen los alumnos de los centros concertados por la utilización de los servicios educativos complementarios.
En lo que se refiere a la educación especial, a partir de las correspondientes quejas recibidas, el Procurador del Común se manifestó a favor de que no fueran penalizadas las faltas de ortografía en el caso de alumnos con dislexia que se presentaban a la EBAU. Además, demandó también la puesta a disposición de los alumnos con discapacidad auditiva de los servicios de intérprete cuando opten por la utilización de la Lengua de Signos Española como medio de comunicación; y también pedimos que fueran dotados los medios personales necesarios para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
