El Grupo Parlamentario Popular ha esgrimido este miércoles la herencia económica recibida del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para rechazar en el Congreso una moción registrada por el Grupo Socialista y pactada con el resto de la oposición que instaba al Ejecutivo a reformar su Plan de Inclusión social a la vista de su “insuficiencia” para paliar el incremento de la pobreza y la desigualdad en España. Considera que el plan es “bueno, real, serio y responsable”.
La votación, que se ha producido un día después del debate, se ha saldado con los votos en contra del Grupo Popular, 171, y 143 votos a favor. No se han producido abstenciones.
“No ha sido este Gobierno el que ignoró a los ciudadanos al negar la crisis, el que habló de brotes verdes, el que dijo que estábamos en la ‘champions league’ de la economía, el que no puso medidas para evitar la crisis dejando a los ciudadanos abandonados”, dijo durante el debate la diputada del Grupo Popular Susana Camarero en la tribuna.
Asimismo, incidió en que su partido “no era el que gobernó entre 2008 y 2011 mientras crecía la pobreza por encima de la media de la Unión Europea y el paro se incrementaba” y tampoco es el que gestiona Andalucía, “la comunidad más pobre de España según Eurostat”.
“Los responsables de dejar en ruina este país no deberían hoy a hacer una proposición destructiva a base de amenazas de derogación. Entendería que pidieran más pero me parece irresponsable pedir la derogación de un Plan de Inclusión Social que por primera vez en la Historia va a tratar la pobreza infantil como eje prioritario”, añadió Camarero, dejando claro que su Grupo Parlamentario rechazará la iniciativa.
En su opinión, las familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis “no entenderían” que a estas alturas se reformase la estrategia del Gobierno, un plan que ha definido como “real, serio y responsable” y que los socialistas, ha dicho, “quieren tirar a la basura”. “No vamos a perder el tiempo ni a ser cómplices de la irresponsabilidad de quienes quieren tirar abajo un plan que va a ser bueno para las familias, los niños y las niñas”, sentenció.
En el Grupo Socialista, CiU, ERC, Izquierda Plural, Coalición Canaria, BNG, UPyD y el PNV no están de acuerdo. Entre todos han consensuado el texto finalmente sometido a votación, en el que se denuncia la “insuficiencia” del Plan 2013-2016 y se piden grupos de trabajo para diseñar “una verdadera estrategia global” para la inclusión social.
Para el diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo, encargado de defender la moción, que es consecuencia de una interpelación previa en el Congreso a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, “el PP gobierna a golpe de decreto y el resultado de sus políticas es el aumento de la exclusión social, la pobreza y el desempleo”.
“Planteamos medidas eficaces capaces de dar respuesta a la situación de las personas que lo están pasando peor. En algo podremos tener algo de razón”, dijo Sahuquillo el miércoles durante el debate. Entre estas medidas, la moción recoge recuperar el Plan Concertado de Servicios Sociales, rectificar las modificaciones en la Ley de Dependencia y reponer los recursos recortados y devolver el derecho a la sanidad a los inmigrantes sin permiso de residencia derogando el decreto que se lo quitó.
Asimismo, propone la creación de un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias y personas en situación de pobreza que preste especial atención a las mujeres, la adopción de un Plan de lucha contra la pobreza y exclusión en la infancia, que se prevean medidas dirigidas a establecer una “garantía mínima de ingresos en el conjunto del Estado” o la inembargabilidad de las rentas de subsistencia.
Desde la Izquierda Plural, Caridad García incidió en que Ana Mato dice que el Gobierno está sentando las bases “para que sean sostenibles los servicios públicos y sociales para las próximas generaciones”. “¿Para cuáles? Porque para las que están aquí no garantizan ustedes absolutamente nada: Generación tras generación perdida y ustedes sentadas en esos escaños aplaudiendo políticas que son perjudiciales para todo un país”, dijo a los diputados del Grupo Popular.
Para UPyD, representada por Álvaro Machuelo, la pobreza no tiene causa en la crisis, sino en la gestión que el Gobierno ha hecho de la misma, “facilitando el despido, precarizando el empleo con rebajas salariales; erosionando los pilares del Estado del Bienestar y recortando prestaciones por desempleo, en vez de reforzar instrumentos que ya eran insuficientes para afrontar una situación de esta intensidad y duración”.
“Es su política, de carácter ultraliberal, que trata de convencernos de que la única forma de superar la crisis es precisamente recortar a las víctimas de la crisis”, añadió en este sentido el portavoz de Coalición Canaria, Pedro Quevedo.
La portavoz del PNV, Isabel Sánchez Robles, destacó que “los pilares del Estado del Bienestar se están deteriorando y el Gobierno mientras niega la mayor”. “Estamos asistiendo a una erosión del Estado del Bienestar, un contrato social basado en la solidaridad y la redistribución de recursos (…) Es la quiebra del contrato social de la modernidad”, ha sentenciado.
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, dijo compartir el diagnóstico del PSOE sobre la situación de pobreza en España y ha añadido a la reflexión el impacto de la reducción de las pensiones y de las ayudas al desempleo sobre el empobrecimiento de las familias, entre otros asuntos, que se suman a “los problemas de fondo de la estructura productiva”.
Joan Tardá, de ERC, centró su intervención en reivindicar la derogación del decreto sanitario que dejó sin atención primaria a los inmigrantes en situación irregular y que “presentan patologías asociadas a la pobreza y la exclusión social”.