El PP incluirá la protección de la enseñanza concertada y especial en su ponencia política
La ponencia política en la que está trabajando el PP de cara al 21º Congreso Nacional Extraordinario del partido, que se celebrará en julio, incluirá la protección de «las enseñanzas concertada y especial» además del refuerzo de la educación pública.
Según un fragmento de la ponencia política al que tuvo acceso Servimedia, el PP «recuperará los derechos de la educación especial». El documento señala que «son los padres quienes deben decidir sobre la educación de sus hijos, los directores de los centros los que deben contar con capacidad real para gobernarlos, los profesores los que asuman la importancia de su labor y los alumnos los que se esfuercen por aprender».
Asimismo, la ponencia apuesta por «reforzar la educación pública», proteger «las enseñanzas concertada y especial y el derecho a optar también a una educación privada».
Encargados de la redacción
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la eurodiputada Alma Ezcurra, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, están siendo los encargados de redactar este documento que se dará a conocer próximamente.
Los cuatro seleccionados actualizarán el ideario del partido, lo que no se acomete desde 2017, cuando Mariano Rajoy aún estaba en La Moncloa. Hay posiciones que han quedado desfasadas, desde el aborto hasta las relaciones con Rusia.
En dicho documento, el PP defendía un «sistema público de calidad» que fomentara la «integración» y «el derecho de los padres a elegir libremente qué modelo de educación quieren para sus hijos».
Proposición de Ley sobre educación especial
El PP ya registró en mayo en el Congreso de los Diputados una proposición de ley relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
El texto defiende que con la legislación actual «la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales es un modelo de imposición que limita los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales», ya que, según los populares, «da absoluta preferencia a que la escolarización de estos alumnos se lleve a cabo en centros ordinarios, marginando a los centros de educación especial y condenándoles a su cierre efectivo».
La proposición apunta que «la simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión» y que «la escolarización en centros de educación especial no puede determinarse como irrazonable o discriminatoria», sino que es «coherente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
Por todo ello, la iniciativa propone que las administraciones educativas garanticen el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos, además de escolarizarlos «flexibilizando y diversificando la organización de los espacios, las alternativas metodológicas y las modalidades de escolarización en centros ordinarios, en centros de educación especial, en escolarización combinada o en aulas específicas», con el fin de personalizar y mejorar la atención educativa a las necesidades de cada alumno.
