La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato, ha accedido a la reivindicación histórica de las comunidades autónomas de que el Gobierno central cambie el sistema de financiación de la Ley de Dependencia. Desde poco después de la puesta en marcha de la norma, los Gobiernos autonómicos reclaman que el Estado no les pague en función del grado y nivel de las personas a las que atiende el sistema, sino en función de la prestación que se les otorga.

El Estado y las autonomías pagan, en teoría a escote, el coste de las ayudas, aunque las comunidades autónomas están asumiendo un mayor peso. Los usuarios copagan las prestaciones dependiendo de su capacidad económica, sobre todo cuando la ayuda es una plaza en una residencia. El Estado ingresa a las autonomías su parte en dos partidas. La más elevada y sustancial es el llamado nivel mínimo, dependiendo de los usuarios atendidos. La segunda partida, el nivel acordado, se establece año tras año teniendo en cuenta factores como el número de habitantes, el envejecimiento de la población y la dispersión de esta en cada autonomía.

Tal y como están las cosas, las autonomías cobran por el nivel mínimo una cantidad fija según la gravedad de la persona a la que se atiende, pero no se tiene en cuenta que una plaza residencial cuesta hasta cuatro veces más que una ayuda económica para el cuidador familiar. Esto ha potenciado que las pagas se dispararan. Hoy, el 56% de las ayudas son de este tipo. Se ha pervertido por tanto el principio de la ley, que nació, hace cinco años, con la pretensión de crear una infraestructura de servicios sólida y que los cuidados corrieran a cargo de profesionales, relegando a la excepción las pagas a los cuidadores familiares.

Reglas del juego

Mato se comprometió, en el mismo comunicado en que informó de la congelación durante un año de las nuevas ayudas a los dependientes moderados, a cambiar las reglas del juego a la hora de repartir el dinero, para “garantizar la sostenibilidad del sistema”. Lo que no ha especificado es si lo hará en el sentido que solicitan las autonomías.

Mato se reunió ayer con los consejeros del ramo a los que habló de una nueva financiación. El consejero madrileño, Salvador Victoria, reclamó que “no se fomenten leyes que desde el primer minuto se incumplan”, en referencia a la dependencia.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también considera necesario el cambio en la financiación, pero su presidente, José Manuel Ramírez, duda de que “exista una fórmula magistral para conseguirlo en un contexto que, hasta ahora, no ha hecho sino sufrir recortes”.