El movimiento Cermi plantea mejoras al Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual desde la perspectiva de las mujeres con discapacidad

Fecha

31/08/2021

Medio

Servimedia

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres ha planteado a los grupos parlamentarios mejoras al Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual desde la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad, que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados.

Así lo trasladó a través de un documento de enmiendas y propuestas de mejoras en el que, en un primer momento, se plantea la creación de dos nuevos artículos. El primero de ellos, a juicio del Cermi, se debería incluir en el título II-capítulo II de detección de las violencias sexuales, para tener en cuenta los de casos de aborto coercitivo y esterilización forzosos.

El segundo artículo que plantea debería incluirse, según el movimiento Cermi, en el título VI-capítulo II y plantearía el Derecho a ajustes de procedimiento y apoyo en la toma de decisiones en el acceso a la justicia.

De la misma manera, se incluyen algunas disposiciones adicionales que tienen que ver con apoyos para la toma de decisiones y con la valoración del grado de discapacidad y agresiones sexuales. Asimismo, desde el movimiento Cermi instan a aplicar el artículo 39 del Convenio de Estambul en esta ley que toma en consideración, junto con la libertad sexual, la indemnidad sexual.

En relación al derecho a la asistencia integral especializada y accesible, abogan por que los servicios de atención a la salud mental que se presten a las mujeres víctimas de violencias sexuales sean diseñados con perspectiva de género y derechos humanos para que garanticen el consentimiento libre e informado de la mujer para cualquier tratamiento médico.

Por último, el movimiento Cermi recuerda que las leyes deben tomar como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para cumplir con lo establecido en la misma y diseñar leyes garantes que no dejen atrás a las personas con discapacidad y en este caso, a las mujeres con discapacidad.

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