El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Cermi colaboran para detectar y reducir cargas administrativas para personas con discapacidad

Fecha

11/06/2020

Medio

Cermi

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El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) renovarán para el año 2020 el marco de colaboración establecido para detectar y reducir cargas administrativas para las personas con discapacidad y sus familias.

Mañana viernes 12 de junio, en un acto en la sede ministerial, se firmará el convenio que rige esta colaboración entre la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

En concreto, el convenio que suscribirán las dos partes tiene como fin impulsar medidas orientadas a la eliminación y reducción de cargas administrativas dirigidas especialmente a las personas con discapacidad y a sus familias, así como el intercambio de información y conocimiento sobre simplificación administrativa, la elaboración de propuestas de reducción de trámites y simplificación administrativa.

Dentro de esta colaboración interinstitucional, se abre la posibilidad de  encuadrar la participación en laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas, en los que, de manera conjunta, Administración y el sector implicado discutan sobre procedimientos susceptibles de simplificación.

Para lograr ese objeto, el CERMI se encargará de realizar, en colaboración con Función Pública, una labor de análisis de las obligaciones de información y cargas burocráticas derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afecten a las personas con discapacidad y a sus familias, suministrarán información adecuada, participarán en las funciones de análisis de las cargas administrativas y en la elaboración de propuestas de reducción de las mismas, simplificación, homogeneización y coordinación administrativa.

Por parte del CERMI se diseñarán propuestas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a las personas con discapacidad, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes. Dichas propuestas serán concretas y contrastadas e irán destinadas a contribuir en el impulso y mejora de la relación de las personas con discapacidad con la Administración, con una traslación práctica y directa.

Estas propuestas irán acompañadas, como aspectos principales, de la correspondiente estimación del ahorro que generarán, de la normativa que debe modificarse y organismo vinculado. La medición de dichos ahorros se hará de acuerdo con la metodología establecida en el Método Simplificado de medición de cargas administrativas.

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