El jurista Rafael de Lorenzo pide que la Constitución incluya “garantías concretas” para los derechos de las personas con discapacidad

Fecha

29/11/2018

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El jurista y profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Rafael de Lorenzo propuso este miércoles en el Congreso de los Diputados que la reforma del artículo 49 de la Constitución incluya “una mayor y mejor concreción del amparo que los poderes públicos han de prestar a la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.

El experto, que también es secretario general del Consejo General de la ONCE, expresó esta idea ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, donde desde la semana pasada comparecen diversos expertos respecto a la reforma del artículo 49 de la Carta Magna, con el fin de suprimir el término disminuido de su redacción.

En su intervención, abogó por “una reforma lo más ambiciosa y avanzada posible, siempre con el límite natural del consenso”, pues “es preferible un texto menos avanzado pero que cuente con el apoyo de todos los grupos”. De Lorenzo apostó así por que la reforma no se limite a eliminar el término disminuido y, en este sentido, defendió una mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad, de la que este artículo ya habla.

En su redacción actual, la Constitución establece que se prestará “un amparo especial” al ejercicio de estos derechos, un deseo que, a su juicio, “se ha quedado en un brindis al sol”. “¿Qué amparo especial contienen las leyes españolas para el ejercicio de estos derechos”, se preguntó. De ahí su defensa de unas garantías más concretas y definitivas, que en su opinión podrían pasar por que el nuevo texto incluya “menciones expresas y fórmulas especiales para que el poder Legislativo apruebe normas que supongan “apoyos positivos para el ejercicio de esos derechos”.

De Lorenzo defendió esta postura consciente de que “es más sencilla, dada la coyuntura actual”, aunque confesó que su objetivo final es que estos derechos figuren en la Sección Primera del Título 1, que regula los derechos y libertades que gozan de la máxima protección. “Sería genial y el movimiento asociativo no debe renunciar a ello”, agregó. Sin embargo, dicha modificación “implica un proceso mucho más largo y complicado, que en la coyuntura actual corre el riesgo de quedarse varado”, admitió.

Otras posibilidades pasan por reformar el artículo 53, para que la protección de los derechos de las personas con discapacidad se equipare a la que este otorga a la objeción de conciencia y, al igual que los derechos de los capítulos 1 y 2, pueda ser reclamada ante el Tribunal Constitucional y desarrollada mediante ley orgánica.

QUE SALGA ADELANTE

Con todo, Rafael de Lorenzo prefirió limitar la reforma “de momento al artículo 49”, para que “pueda salir adelante sin problemas”. Por otra parte, el jurista apostó por “superar el enfoque médico rehabilitador” del artículo y eliminar las palabras “tratamiento y rehabilitación”, que se han quedado “muy cortas”, así como por reemplazar integración por inclusión en el nuevo texto.

De Lorenzo también pidió sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad y suprimir la tipología de discapacidades (física, psíquica y sensorial) que contiene este artículo.

Por último, señaló que el mandato constitucional debería hablar de una igualdad efectiva, entre hombres y mujeres, de trato, de oportunidades, y recoger “unos mínimos imprescindibles para precisar más la atención especializada” que los poderes públicos han de ofrecer. “Inclusión educativa y en el empleo, accesibilidad universal y autonomía” podrían ser algunos de estos mínimos que entonces no se conocían y que “ahora son incuestionables”, concluyó.

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión, María Teresa Arévalo, defendió “una reforma ambiciosa” de la Constitución, que “vaya más allá de la mera terminología”.

Por este motivo, reclamó incluir la protección de estos derechos en la Sección Primera del título 1 (que precisa una mayoría mucho más amplia y la celebración de un referéndum) o, por lo menos, la modificación del artículo 53. Asimismo, pidió abrir un debate sobre el uso de personas con diversidad funcional o con discapacidad.

El resto de portavoces, Marcial Gómez Balsera (Ciudadanos), María Soledad Pérez (PSOE) y María Dolores Alba (PP), defendieron la expresión personas con discapacidad y reclamaron “consenso” en la reforma del artículo.

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