El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguiendo un argumentario según el cual, el sistema es ineficaz y hay que modificarlo para, entre otras medidas “priorizar la atención a los más dependientes”. La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo –CC.AA y ministerio–, a primeros de mes.
El documento para la “reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, al que ha tenido acceso Europa Press, expone seis razones por las que “se proponen mejoras” y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de reuniones “a distinto nivel” que arrancarán esta semana, según fuentes de este departamento.
No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro, según fuentes consultadas por Europa Press, se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los Grandes Dependientes (Grado III) y los Severos (Grado II).
Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma que “debe priorizarse la atención de los más dependientes”, ya que “es un principio recogido en la Ley de Dependencia” y “más del 50%” de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III. Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.
En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, estos “se ha convertido en la regla general” y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. “El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla. La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos”, asegura el ministerio.
Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha venido hablando de la necesidad de simplificar la gestión. En esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que “no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración” ni “en la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia”, así como se da una “falta de adecuación entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y prestaciones que reciben”.
2.700 millones más de lo previsto
Además, Sanidad considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades autónomas “no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios” ya que las que en estos cinco años, las que han desarrollado una mejor atención “no son las que más fondos han recibido” en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un “desfase” entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.
En cuanto al empleo, el Gobierno afirma en este documento que “no se han cumplido las expectativas de empleo que se anunciaron”. Así, expone que las afiliaciones al Régimen de la Seguridad Social de profesionales en el sector de los Servicios Sociales han pasado de 70.546 altas en 2007 a 8.034 bajas en 2011. Por otro lado, apunta a que las altas de cuidadores familiares han sido entre 2007 y 2011 de 174.133. “Todas estas cuotas han sido abonadas con cargo a los PGE, habiendo generado un gasto total de 1.047 millones de euros”, argumenta.
La reforma ‘integral’ que envía a Brsuselas
El pasado 30 de abril, en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas, donde detallaba reformas en varias áreas, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) no quedaba exento de futuras modificaciones. Si bien planteaba un nuevo aplazamiento hasta 2014 de los dependientes ‘moderados’ o leves, también anunciaba una reforma “integral” del sistema con el objetivo de “garantizar su sostenibilidad”.
Asimismo, planteaba avanzar en la “aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema”, es decir, el ‘copago’, mediante un desarrollo “coordinado” de la normativa de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la ley.
El Gobierno señalaba su intención de revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales –familiares de los dependientes, en su mayoría–, cuyas cuotas son abonadas por la Administración General del Estado (AGE), y avanzaba la posibilidad de examinar las cuantías de las ayudas económicas previstas en el sistema, superiores a la asignación de servicios.
También confirmaba su intención de “potenciar” el papel del sector privado en la prestación de servicios de la ley, eliminando “trabas o preferencias” por el sistema público presentes en la norma y en los desarrollos autonómicos de la misma, y aludía a la revisión del calendario de aplicación de la ley a los dependientes para “acompasarlo a las capacidades financieras” de la AGE y las comunidades autónomas.
Dictamen de la situación
La noticia del inicio de una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se conoce la misma semana en la que el Observatorio Estatal de la Dependencia ha presentado los datos de su IX Dictamen sobre la aplicación de la citada ley. Este dictamen concluye que el sistema de atención a la dependencia está “paralizado desde hace un año” y en algunas comunidades se encuentra en “retroceso”, informa la agencia Servimedia.
Llevado sobre el terreno, los datos del IX Dictamen, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, muestran a Castilla y León, País Vasco y Andalucía como las comunidades autónomas en las que el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia es notable o sobresaliente. En el otro extremo están Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares cuya calificación en la aplicación es de muy deficiente.
El análisis desarrollado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales indica que en la mayoría de las regiones baja la puntuación con respecto a dictámenes anteriores, observándose a nivel general “un empeoramiento en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012)”, indica el estudio.
“Existe una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la comunidad autónoma en la que se resida”, señala el dictamen, según Servimedia. “Es muy significativa”, agrega, “la disminución de personas atendidas en algunas comunidades, pero también es cierto que hay otros territorios en los que, independientemente de la puntuación que obtengan en el dictamen, se aprecian esfuerzos notables en un momento de especialísima dificultad”.