El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha anunciado este miércoles que los servicios sociales tendrán que realizar informes que acrediten el grado de pobreza de los destinatarios que perciben ayudas por esta causa y aseguró que se destinarán 32 millones de euros para atender las primeras necesidades de las familias en situación de pobreza con hijos en riesgo de exclusión.
Estas fueron dos de los principales acuerdos alcanzados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que congregó en la sede ministerial a los consejeros autonómicos que trabajan en estos asuntos.
El ministro agregó que cada beneficiario de las ayudas obtendrá “información sobre los recursos sociales que hay a su disposición” y que cada persona tendrá “medidas complementarias”, como son las de acompañamiento social y el acceso a programas de empleo.
Asimismo, Alonso anunció que España recibirá 564 millones del fondo de ayuda europeo destinado a las personas más desfavorecidas, aprobado por la Comisión Europea, y destinado a la distribución de alimentos entre los más necesitados.
España aportara otros 100 millones para completar esas ayudas “para garantizar que los alimentos llegan a las personas que más los necesitan”.
El responsable del Ministerio recordó el trabajo que hacen entidades como Cruz Roja y el Banco de Alimentos para atender a los colectivos más vulnerables para extrapolarlo a las administraciones publicas. Para ello, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia ha acordado crear un grupo de trabajo para el seguimiento de las ayudas, pues, en palabras del ministro, “ayudar al que tiene necesidad” no solo supone “prestarle asistencia”.
CRITERIO DE REPARTO
En cuanto al criterio de reparto de los fondos, Alonso concretó que el 80% será según población y el 20% según la tasa Arope que presenta cada CCAA. Sin embargo, concretó que tras las críticas que recibió el Ejecutivo el año pasado, “se ha exceptuado a Ceuta y Melilla para que no salgan perjudicadas”.
Por ello, Andalucía recibirá 5,3 millones de euros; Cataluña 3,7 y la Comunidad Valenciana 2,9 millones; en tanto que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla percibirán un millón de euros. La Rioja cierra la lista con una asignación de 480.000 euros de ayuda.
Asimismo, el Consejo aprobó el Plan Concertado, dotado con 27,5 millones de euros para que las corporaciones locales puedan ayudar a los ciudadanos en sus necesidades básicas, como ayuda a domicilio, comedores sociales y albergues. Además, el Plan de Desarrollo Gitano destinara más de 400.000 euros a este colectivo.