El Gobierno espera tener el reglamento que reconocerá la lengua de signos española en el segundo trimestre de 2018

Fecha

29/11/2018

Medio

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El Gobierno espera contar con el reglamento que reconocerá la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en el segundro trimestre de 2018, según ha asegurado en una respuesta parlamentaria dirigida a al portavoz socialista en materia de Discapacidad, Joan Ruiz, y la también diputada del PSOE Soledad Pérez.

El Ejecutivo ha explicado que son muchas las partes que intervienen en el proceso de creación de este texto y que, tras ser consultados, deben emitir un informe sobre esta materia.

Según el documento del Gobierno, recogido por Europa Press, la primera reunión para elaborar este reglamento se produjo en enero del año pasado, en la que ya se acordó la adopción de un calendario de trabajo y se elaboró un borrador como «punto de partida» en el que trabajaría la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

Fue ese borrador el que se remitió a todas las entidades del sector que formaron pare del grupo de trabajo, desde el inicio, como CNSE, FIAPAS, AICE, FESOCE, APASCIDE, FASOCIDE y FOAPS. Además, se decidió añadir a FILSE y a expertos y a centros públicos referencia en accesibilidad, como CEAPAT y CESYA.

A LA ESPERA DE INFORMES

El proceso, ha llevado también al Gobierno a someter al trámite de consulta pública previa al texto, con el objetivo de recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. Concluido este trámite, se pasó a recabar informes de los demás ministerios, de las autonomías y otras administraciones y, también, el trámite de audiencia e información pública, la situación en la que se encuentra actualmente.

El la iniciativa socialista, registrada en el Congreso, Ruíz y Pérez recuerdan al Gobierno las dos proposiciones no de ley presentadas por su partido y apoyadas por la mayoría de las formaciones, en las que se instaba al Ejecutivo a aprobar este reglamento antes de que acabara 2017. Un plazo que, finalmente, no se ha cumplido.

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