La Consejería de Salud del Gobierno balear ha informado este lunes de que ha ordenado la intervención de la nueva residencia del Patronato Joan XXIII de atención a personas con discapacidad, ubicada en el municipio mallorquín de Inca, para frenar los contagios de Covid-19 detectados en dicho centro y garantizar la adecuada atención a los usuarios. En concreto, se ha detectado un brote que afecta a 17 de los 19 residentes, así como a cuatro de los 23 trabajadores. Todos se encuentran asintomáticos en estos momentos.
El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha tomado la decisión de intervenir la citada residencia de acuerdo con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que depende del Consell de Mallorca. Cabe recordar que el Govern y el Consell llevan a cabo labores de vigilancia permanente y coordinada para seguir la evolución de la pandemia del Covid-19 en las residencias de la isla mayor del Archipiélago. En la actualidad, en las residencias para personas con discapacidad de Baleares hay 471 usuarios, de los cuales en total 18 son positivos en estos momentos. En cuanto a los profesionales que trabajan en dichos centros, hay por ahora 10 positivos activos.
En el caso de la residencia del Patronato Joan XXIII, fue cribada el pasado 2 de octubre, después de que uno de sus trabajadores hubiera dado positivo en la prueba PCR que se le practicó para detectar si estaba infectado o no del coronavirus. A raíz de ese cribado, ayer se supo que 17 de los 19 usuarios también estaban infectados por el virus, así como otros tres trabajadores, sumando cuatro empleados en total. Asimismo, los dos usuarios que de momento han dado negativo han sido considerados contactos estrechos y, por lo tanto, tendrán que estar aislados durante 10 días.
Cabe recordar que hace ocho días el Govern decidió la intervención de la residencia privada para personas mayores Sèniors de Inca y que el 20 de septiembre había tomado la misma decisión con respecto a la residencia Bell Entorn de Sóller. Con anterioridad, se había actuado ya en Oasis y en DomusVi Palma, ambas ubicadas en la capital balear. Por lo tanto, hasta ahora han sido intervenidas cinco residencias en Mallorca. Cabe recalcar, sin embargo, que Oasis y Domus Vi Palma fueron controladas en abril, cuando aún estaba vigente el estado de alarma en todo el país, mientras que las tres últimas han sido intervenidas una vez finalizado el periodo de confinamiento obligatorio.
Actuación preventiva
Por su perfil social, la residencia del Patronato Joan XXIII sólo cuenta con un único profesional sanitario. En esas circunstancias, se necesita un apoyo especial para poder organizar los procedimientos y circuitos para atender a los residentes con Covid-19. Por otra parte, dado que se trata de personas con discapacidad intelectual, los expertos consideran que están mejor en su entorno siempre y cuando no tengan ningún síntoma y se encuentren bien de salud.
Por ello, desde la Subdirección de Cronicidad solicitaron ayer poder organizar todos los procesos sanitarios dentro de la residencia, con el objeto de prevenir la expansión del coronavirus y asegurar una vigilancia activa eficaz de los pacientes que quedan en el centro, además de prestar apoyo sanitario mientras haya personas infectadas de coronavirus o con sospecha de estarlo que sean vulnerables.
En ese contexto, la consejera autonómica de Salud, Patricia Gómez, ordenó ayer intervenir durante 20 días el control de la gestión sanitaria asistencial de este centro en relación a todos los procesos relacionados con el Covid-19. Asimismo, se ha designado a una coordinadora sanitaria, cuyas funciones serán controlar, coordinar y dirigir la actividad asistencial sanitaria del centro, dirigiendo al equipo de personal de la residencia y, en su caso, al asignado por el Servicio de Salud de Baleares. A partir de ahora, el personal, el equipo directivo y la titularidad de dicho centro, así como los propios residentes, se regirán por las instrucciones, órdenes y disposiciones de la coordinadora.
La Consejería de Salud ha recordado este lunes que, desde el inicio de la pandemia, el equipo de coordinación sociosanitaria formado por directivos de los consells insulares y de las consejerías autonómicas de Servicios Sociales y de Salud realizan un seguimiento diario de la situación en los centros, que deben contar con un plan de contingencia y cumplirlo.
