El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Jesús Celada, considera que para conseguir que las personas con discapacidad accedan de forma general a la vida independiente y autónoma es preciso “avanzar en la regulación de la figura del asistente personal”.
Celada realizó estas declaraciones durante un debate organizado por la agencia Servimedia en colaboración con Plena Inclusión sobre cómo las personas con discapacidad intelectual pueden vivir en la comunidad, fuera de las residencias tradicionales.
La actual Ley de la Dependencia recoge esta figura, pero desde el sector de la discapacidad reclaman un desarrollo a nivel estatal y la generalización de dicho recurso. “Precisamente, disponer de un asistente personal resulta fundamental de cara a la desinstitucionalización de estas personas, con el objetivo de hacer factible su integración en una casa normalizada con los apoyos debidos”, dijo Celada.
Por este motivo, anunció que la Dirección General de Políticas de Discapacidad y el Imserso convocarán este año un congreso sobre la asistencia personal, para abordar las posibles soluciones. Según Celada, “tampoco podemos caer en el error de generalizar un único modelo de asistente personal para todas las personas” en situación de dependencia o con discapacidad.
Admitió que es una de las figuras “más costosas” que prevé la ley, y recalcó “su compromiso” de “encontrar financiación” para impulsar la vida independiente. En esta línea, declaró que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que no fueron aprobados recogían un incremento “muy significativo” de los fondos para dependencia, y se mostró confiado en que en 2020, esta partida pueda salir adelante.
Por otro lado, señaló la necesidad de reformar el Código Civil para eliminar la figura de la tutela y sustituirla por la de la curatela, que concede mucha más autonomía y capacidad jurídica a las personas con discapacidad intelectual. De nuevo, esta reforma ayudaría a facilitar su integración en la comunidad y a fomentar su participación en la vida social. Dicha modificación quedó pendiente en la pasada legislatura.