La Junta de Andalucía quiere conseguir que los presos enfermos
mentales, deficientes psíquicos y drogodependientes cumplan sus
condenas en centros no penitenciarios, de carácter terapéutico.
Para ello, el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña,
abogó hoy, jueves, por que el Código Penal "amplíe la reinserción
en centros de este tipo que son más abiertos y adecuados".

El responsable autonómico aseguró, durante el II Seminario
"Régimen Penitenciario y Retraso Mental: detección, rehabilitación
y reinserción", que "el cumplimiento de la condena en las cárceles
no es lo más adecuado" para los discapacitadosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar., sobre todo teniendo
en cuenta la labor que realizan las comunidades terapéuticas y los
centros de inserción, "que son más abiertos y adecuados".

En Andalucía hay en la actualidad 82 presos deficientes y en los
último seis años una veintena de internos deficientes ha conseguido
salir de las cárceles y rehabilitarse a través de pisos tutelados.
En este sentido, el consejero de Asuntos Sociales señaló que la
inserción de colectivos discapacitadosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. la realizan las
organizaciones no gubernamentales, a través de programas que
"tienen que ser objeto de financiación por parte del Estado, y las
comunidades autónomas tenemos que cofinanciarlos".

Igualmente, para el presidente de la Fundación Tau, Rafael Pozo,
organizador del seminario, la única forma de conseguir la
rehabilitación de los presos discapacitadosEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Personas con discapacidad en su lugar. es sacándolos de la
cárcel, ya que "no es el sitio adecuado para un preso deficiente,
pues le marca de por vida y no lo reinserta, por lo que hay que
intentar alternativas sociales y familiares".

Para Pozo es necesaria una reforma social que pase por implantar
un método pedagógico y educativo, donde los presos salgan de las
instituciones penitenciarias y se reinserten en la comunidad social
y laboralmente, ya que, según explicó el responsable de la
Fundación Tutelar TAU, "no podemos olvidar que el 85 por ciento de
los presos deficientes provienen de ambientes marginales".

Falta de transparencia

Por otro lado, el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez
Saldaña, criticó la política penitenciaria del Gobierno central por
su falta de "transparencia y el carácter cerrado de las cárceles
andaluzas", hasta el punto de que en las comunidades autónomas "nos
falta información sobre las necesidades de los presos y los
convenios sanitarios con el Estado".

Por ello, Saldaña reclamó que el Gobierno informe adecuadamente
"a la hora de convenir los programas sanitarios, de inserción y
drogodependencia, como los tratamientos de metadona, que en muchos
casos sabemos que se les niega".

El representante del Gobierno andaluz recordó también que en su
última visita a la cárcel de Huelva, donde se han producido varias
denuncias de malos tratos, tuvo que presentar el documento nacional
de identidad "hasta tres veces" para que lo dejaran pasar. Al mismo
tiempo, se mostró contrario a aceptar, por el momento, las
transferencias en materia penitenciaria, ya que antes "tenemos que
reforzar nuestro sistema judicial y además ir asumiéndolas con
recursos económicos adecuados, y el Estado no está por aportar ni
una sola peseta".