El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente del proyecto de real decreto que regula la información que debe recibir una mujer antes de abortar. El objetivo del Gobierno, según fuentes de Igualdad, es que dé tiempo a aprobarlo antes de las elecciones generales, convocadas el 29 de noviembre. El objetivo de la normativa, que inicia ahora su tramitación urgente, es asegurar que todas las mujeres que quieran ejercer su derecho a interrumpir su embarazo reciban, con independencia de la autonomía donde residan, una información “veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente”, según ha informado Igualdad.
La nueva normativa viene motivada por la polémica que se generó cuando en septiembre de 2025 el Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP y Vox, aprobó una propuesta para informar a las mujeres, de forma previa, del denominado ‘síndrome o trauma postaborto’, que no está reconocido como diagnóstico clínico por los organismos y manuales de referencia. Tras la controversia generada, el alcalde, José Luis Rodríguez-Almeida rectificó y decidió no aplicar la propuesta. Aún así, el Ejecutivo ha considerado necesario regular la información que reciben las mujeres en todas las autonomías y centros sanitarios, con el fin de diferenciar claramente la información obligatoria, y que esta sea veraz, de la voluntaria.
En la primera, según el proyecto legal, las mujeres deben recibir información sobre la naturaleza de la intervención, los distintos métodos para practicarla, los centros sanitarios públicos y privados acreditados, los trámites necesarios y los derechos de las mujeres durante el proceso asistencial. A ello se sumará información específica sobre los métodos quirúrgico y farmacológico, ya que en la normativa en vigor se hace referencia únicamente a los distintos métodos, sin especificar cuáles son. Por otro lado, el proyecto de real decreto aclara que no cabe establecerse preferencia, prevalencia o prioridad alguna entre ellos, salvo la que pudiera derivarse de las circunstancias clínicas de la paciente.
Causas médicas
También se recoge en el borrador del texto que, en el caso de procederse a la interrupción después de las 14 semanas de gestación por causas médicas, deberá incluirse información sobre los distintos procedimientos posibles para permitir que la mujer escoja la opción más adecuada para su caso. Asimismo, con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer embarazada sobre documentación clínica y en concreto sobre la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
Otras cuestiones, como la anticoncepción y el sexo seguro o las ayudas públicas a mujeres embarazadas y derechos laborales, se establecen como información voluntaria, que solo se proporcionará si la mujer lo solicita. Y la recepción de la información voluntaria, nunca será requisito para acceder a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sobre la calidad de la información, el proyecto de real decreto recoge que será verdadera, objetiva, clara, comprensible y adecuada a las necesidades y circunstancias de la mujer. Además, se prestará especial atención al acceso a esa información de menores de 16 años, mujeres extranjeras y mujeres con discapacidad.
El comité clínico
Por otro lado, el proyecto de normativa contempla novedades sobre el comité clínico que interviene cuando el aborto se produce por causas médicas. Se incorpora el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, tanto de titulares como suplentes, salvo por razones fundadas. También se prevé que no podrán formar parte del comité quienes estén inscritos en el registro de objetores, ni quienes lo hayan estado en los últimos tres años.
Igualmente, se refleja que su actuación ha de velar por la garantía al respeto, protección y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, en especial, por la de los principios de dignidad, autonomía, igualdad, no discriminación, enfoque de género, accesibilidad universal, empoderamiento y diligencia debida.
Por último, en el proyecto legal contempla que el dictamen de esos comités se emitirá por escrito y contendrá el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinados, la valoración clínica, la conclusión y las razones clínicas sobre la confirmación; y se comunicará a la mujer de forma “verdadera, comprensible y adecuada a sus necesidades”.
Noticia de Patricia Martín.