La Seguridad Social tiene el número más bajo de cotizantes ocupados desde que empezó la crisis, 16.736.727, lo que no hace más que agravar su situación financiera en un año en el que ha tenido que recurrir por primera vez al Fondo de Reserva. En octubre perdió 73.077 afiliados y en un año hay 623.586 cotizantes ocupados menos, la pérdida más alta después de la registrada en 2009, cuando desaparecieron más de un millón. No obstante, a pesar de aquella fuerte reducción, en 2009 el número total de afiliados rondaba los 18 millones.
Con cada vez menos cotizantes debido al aumento del desempleo (en octubre, el paro registrado se ha incrementado en 128.242 personas), los ingresos de la Seguridad Social se resienten mientras que el gasto en pensiones crece. El mes pasado, el número de pensionistas se incrementó un 30% (30.000 personas), aunque el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, descartó que este aumento se debiera al anunciado endurecimiento de las jubilaciones anticipadas.
Menos cotizantes, más pensionistas. El resultado es que el déficit de caja de la Seguridad Social se va agrandando. Y cualquier desfase añadido puede acabar obligando a tener que recurrir otra vez a la hucha de las pensiones: el Fondo de Reserva. Por primera vez desde su constitución en el año 2000, el pasado mes de septiembre el Gobierno dispuso la utilización de 3.063 millones de euros de este fondo, que ya están prácticamente agotados.
Esta cantidad es el máximo permitido por la ley, por lo que si los desfases de tesorería aumentan, el Ejecutivo tendría que cambiar la ley para poder utilizar más dinero de la hucha. Una posibilidad que la Seguridad Social no descarta, lo que significaría elevar mediante un decreto-ley el límite actual del 3% sobre el total de gasto de las pensiones. Recurrir de nuevo al Fondo de Reserva, que acumula alrededor de 65.000 millones de euros, tiene la ventaja de que no se incrementa el déficit público, en unos momentos en que cumplir el objetivo de déficit es primordial para el Gobierno.
La otra posibilidad para cubrir las dificultades de tesorería sería un préstamo del Estado, pero éste sí tendría efectos sobre el déficit y la deuda pública. De cómo evolucionen los ingresos de la Seguridad Social en estos meses que restan dependerá que se tenga que adoptar la decisión.
Por eso, Tomás Burgos instó ayer a las comunidades autónomas a mantener al corriente sus pagos con la Seguridad Social. Hasta octubre, Cataluña no se había puesto al día, y lo hizo con un recargo del 20%, que es la nueva arma disuasoria de la Seguridad Social para cobrar a tiempo.
Por ahora, solo Cataluña estaba fuera de plazo; la Comunidad Valenciana tiene concedido un aplazamiento pero cumple con la cuotas fijadas y ha habido autonomías, como Baleares, que lo ha solicitado sin conseguirlo. Las palabras de Burgos son un aviso a navegantes; no en vano, el 10% de los ingresos por cotizaciones del sistema proceden de las autonomías. Según el secretario de Estado, si se mantuviera el «equilibrio» entre las obligaciones y los pagos de todas las comunidades autónomas «no sería necesario dotarse de recursos adicionales».
Pero la mayoria de las autonomías están al límite -nueve han recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica- y en la Comunidad Valenciana ha comenzado una huelga de farmacias porque la Generalitat no les paga. Aunque Burgos señaló que «no hay previsión de utilización del Fondo de Reserva» otra vez, también matizó que estarán «muy atentos a la evolución de la recaudación». La hucha de las pensiones sigue siendo «el último recurso», dijo el secretario de Estado.
Pero un recurso al fin y al cabo. Está pendiente la revalorización de las pensiones con la desviación de la inflación. Se decidirá con el IPC de noviembre y puede suponer un incremento del gasto de hasta 5.000 millones de euros a repartir entre este año y el próximo. Rajoy querría actualizarlas -así, el Gobierno socialista seguiría siendo el único que no revalorizó pensiones-, pero depende de tener dinero suficiente y de no pedir el rescate antes para que Bruselas no se lo impida. Incluso políticamente sería una baza a su favor si el resto de los grupos parlamentarios tuvieran que pronunciarse: negarse a revalorizar las pensiones para no echar mano del Fondo de Reserva o apoyar al Gobierno.
Mientras crecen los desajustes en la Seguridad Social, el agujero presupuestario en las prestaciones por desempleo también aumenta. En septiembre, el gasto en prestaciones y subsidios de paro creció un 7,1%. En los primeros nueve meses del año, el gasto se situó en 23.697 millones cuando lo presupuestado para todo el año son 28.805. De seguir a este ritmo, el gasto en desempleo superará en unos 3.000 millones el presupuesto. El Gobierno tendría que aprobar un crédito extraordinario para cubrir el agujero.
Lo más dramático es que, aunque el gasto no para de subir, cada vez más parados se quedan sin protección. La tasa de cobertura (porcentaje de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo que cobran alguna prestación o subsidio) se ha reducido al 63,5%, cuatro puntos y medio menos que en igual mes de 2011 y doce puntos porcentuales menos de cobertura que en 2010. Estamos en la tasa de cobertura más baja de los últimos seis años y con un número mayor de parados.