El Defensor del Pueblo considera que la proliferación de barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad son una de las “asignaturas pendientes” de las ciudades en España, y pide a las Administraciones que pongan más medios para derribarlas.
Lo dice la institución que dirige Soledad Becerril en un artículo que ha publicado en su blog. Asegura que la fisonomía de las ciudades españolas ha cambiado a mejor en las últimas décadas, con más zonas verdes o márgenes de ríos transformados en paseos, pero “hoy, la mayoría de las aceras no están rebajadas, las entradas a edificios públicos ofrecen escaleras a los usuarios y la vía pública está repleta de obstáculos por ocupación indebida”. “La preservación de los declarados ‘bienes de interés cultural’ no puede impedir las modificaciones o adaptaciones necesarias para personas con discapacidad o sin ella, que eviten las amenazas de escaleras o entradas no recomendables”, señala el artículo.
“La protección de estos bienes debería incluir la accesibilidad habitual para todos. Y las comisiones de Patrimonio que vigilan esa protección son las que deben mostrar mayor sensibilidad, comprensión de las necesidades e imaginación a la hora de informar proyectos”. El Defensor subraya que la ciudad accesible no discrimina por condiciones o capacidades físicas de los ciudadanos. “Es aquella que, por el contrario, se muestra como utilizable, transitable para todos. Es decir, una ciudad que se diseña, planifica y desarrolla con inteligencia y sensibilidad”. “Aunque quizás aunar ambas sea, en muchas ocasiones, ‘imposible de toda imposibilidad’ como se dice en algún pasaje del Quijote”, concluye el Defensor.