El Defensor del Pueblo constata en su último informe anual que la “demora” en la tramitación de solicitudes de valoración de las personas en situación de dependencia “sigue siendo excesiva” en Canarias y en la Junta de Andalucía.
En su informe anual de 2022, que este lunes entregó el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en el que se observa que los retrasos en la Comunidad Valenciana están relacionados con los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, iniciados de oficio y a instancia de parte, por prestaciones devengadas que no fueron percibidas en su día.
En lo concerniente a la Comunidad de Madrid, el informe refleja que no existen demoras en la tramitación de las solicitudes, pero advierte de que “se incorporan los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a las listas de accesos a los servicios reconocidos en el Programa Individual de Atención (PIA), donde permanecen durante largo tiempo de espera”.
En cuanto a la Junta de Andalucía, se pone de manifiesto que “continúa fraccionando y aplazando el pago de los importes devengados en concepto de atrasos de la prestación económica para cuidadores no profesionales, aunque no se hayan generado desde la fecha de la solicitud”, un requisito que es establece en la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 8/2010.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha reclamado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que se pronuncie sobre esta situación, ya que la Junta de Andalucía “declara que sigue el criterio emanado del organismo estatal”.
Por otro lado, la institución que dirige Ángel Gabilondo ha concluido, “con diferencia de criterio”, su actuación con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, referida a la falta de resolución expresa del Programa Individual de Atención, respecto a determinadas solicitudes presentadas desde la entrada en vigor de la ley.
Sobre este particular, el Defensor ha hecho seguimiento, a lo largo de más de diez años, de un procedimiento en el que se reconoció la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, sin que al final se llegara a conceder la prestación.
