La iniciativa contó con los votos a favor de los cinco diputados de Vox, la abstención de los nueve del PP y el rechazo de 18 representantes del resto de grupos parlamentarios.

Con ello, el Gobierno no hará ninguna modificación al respecto. La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ya acudió al Congreso el pasado mes de diciembre para contestar una pregunta oral formulada por Francisco José Alcaraz, de Vox.

Entonces, Goicoechea manifestó que estacionar en lugares habilitados por la autoridad municipal en aparcamientos reservados para el uso de personas con discapacidad sin el distintivo que lo autoriza está sancionado con 200 euros de sanción y la retirada del depósito del vehículo, y que el permiso por puntos es una herramienta que penaliza infracciones relacionadas con la seguridad vial, como la velocidad, el uso indebido del teléfono móvil, las distracciones, no llevar puesto el cinturón de seguridad o los adelantamientos incorrectos.

Ese lunes, Alcaraz volvió a defender en el Congreso la necesidad de que aparcar en plazas de aparcamiento de uso exclusivo para personas con discapacidad sin tener la autorización para ello debería conllevar la pérdida de puntos. Según comentó, en España hay casi cuatro millones de personas con alguna discapacidad, que influye en la conducción de vehículos a unas 500.000 de ellas, aunque sólo 60.000 tienen prescrito la utilización de modificaciones en sus automóviles.

Alcaraz subrayó que las personas con discapacidad se enfrentan “muchísimas veces” a “trabas y obstáculos” cuando conducen y que una parte de la sociedad tiene “nula empatía” hacia ellas cuando aparcan en alguna de las plazas destinadas a personas con movilidad reducida.

Por su parte, Joan Ruiz, del PSOE, recriminó a Vox que la semana pasada rechazara la aprobación definitiva en el Congreso de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, que incluye referencias a niños y adolescentes con discapacidad.

Ruiz recalcó que “aparcar en las plazas reservadas para personas con discapacidad es grave, es antisocial y es incívico, pero no supone poner en peligro la seguridad vial”, como no llevar abrochado el cinturón de seguridad, no tener puesto el casco, circular a una velocidad inadecuada, utilizar el teléfono móvil al volante, adelantar incorrectamente o circular bajo los efectos del alcohol.

Antonia Jover, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, coincidió con Ruiz en que el permiso por puntos es una herramienta ideada para mejorar la seguridad vial y penalizar las conductas que supongan “un peligro grave para la seguridad de las personas”, y apuntó que las personas con discapacidad tienen “serios problemas” para aparcar sobre todo por “falta de espacio” para ello, no porque haya “personas incívicas, que algunas sí hay”.

Jover achacó a la “falta de conciencia” el que haya conductores que aparquen en lugares reservados a personas con discapacidad y apeló a que haya más campañas de concienciación en este sentido.

Jaime Mateu, del PP, indicó que su grupo se abstenía en la votación y señaló que los populares están “relativamente satisfechos con la cobertura jurídica” que hay actualmente respecto del aparcamiento de las personas con discapacidad, pues a los 200 euros de sanción hay que añadir la multa de retirada y depósito del vehículo, que en Madrid asciende a 147,55 euros.

Mateu dijo que los ayuntamientos son los que conceden las plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad y que el Gobierno ya decidió en 2015, mediante una reforma de la ley de tráfico, no incluir la retirada de puntos en los casos de aparcamiento indebido en esos lugares.