El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy una resolución del Grupo Parlamentario Catalán que pedía al Ejecutivo abordar, junto a las comunidades, una estrategia contra la desigualdad, con mejoras políticas en sanidad, familia, lucha contra la pobreza, servicios sociales, vivienda, igualdad y cooperación con el desarrollo.
La votación se ha cerrado con 44 votos a favor, 174 en contra y 105 abstenciones. En la propuesta de resolución con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, CiU instaba al Gobierno a abordar, junto a las comunidades autónomas, una estrategia contra la desigualdad social que promueva un gran acuerdo político para establecer un suelo social de gasto mínimo en educación, sanidad y servicios sociales, que incluya la atención a la dependencia, y que asegure la satisfacción de estos derechos básicos.
CiU también emplaza al Ejecutivo a revisar la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, “después de 10 años desde la aprobación de la primera y siete desde la aprobación de la segunda, con el fin de adaptarlas a la realidad social actual”.
En la propuesta de resolución solicita además al Ejecutivo que dé “cumplimiento al principio de lealtad institucional que obliga a dotar de financiación para todas las nuevas prestaciones aprobadas por el Estado, como es el caso, entre otros, del nuevo tratamiento para la hepatitis C que supone un incremento de gasto farmacéutico muy significativo para las Comunidades Autónomas y que no pueden absorber con su actual financiación”.
APOYO A LAS FAMILIAS
Por otro lado, CiU pide al Gobierno que reforme los sistemas de redistribución de la renta, con el fin de “combatir las desigualdades y de fomentar y mantener la existencia de una amplia clase media capaz de cohesionar el conjunto de la sociedad”, y que destine un 50% de los recursos recaudados por actuaciones contra el fraude fiscal a políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
En su propuesta, plantea la mejora de las políticas de apoyo a las familias con hijos a través del incremento y ampliación de la deducción por maternidad, mediante la cual se incrementará a 2.400 euros anuales la minoración por cada hijo en el caso de menores de 3 años y se ampliará para aquellas mujeres con hijos de entre 3 y 18 años, por importe de 1.200 euros anuales por hijo.
También propone que se incremente a 1.200 euros la cuantía de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo, y que se eleve a 25.400 euros los ingresos anuales percibidos para tener derecho a la prestación. Asimismo, incide en que se incremente en la misma proporción el importe en los supuestos de familias numerosas y en los que el hijo o menor acogido tenga la condición de persona con discapacidad.