La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad la modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para limitar la obligatoriedad existente en el Registro Civil de exigir a personas con discapacidad visual y auditiva un informe médico para casarse. Con el cambio, este documento sólo sería requerido en casos “excepcionales”.
Con este apoyo se responde a las reclamaciones de varias organizaciones representativas de las personas con discapacidad que denunciaron, tras la reforma del Código Civil realizada por el PP, la existencia de un artículo discriminatorio que señala que, “si alguno de los contrayentes estuviere afectado porEn el SID sugerimos utilizar la palabra o expresión Tiene... en su lugar. deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.
Ante esta situación, el propio Ministerio de Justicia anunció que enviaría una circular clarificando la interpretación de esta normativa y los principales partidos representados en el Congreso registraron propuestas para modificar la legislación en aras de solucionar esta situación.
Finalmente, y tras pasar por el Pleno donde contó con el apoyo unánime de la Cámara, se ha aprobado en comisión un nuevo texto, iniciativa del PP, que dice que, “en casos excepcionales”, se recabará dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar el consentimiento y limita esas excepciones a situaciones en los que “alguno de los contrayentes presente una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo”.
Ahora, esta norma se trasladará al Senado para continuar con la tramitación. El objetivo es que la modificación esté lista para la entrada en vigor de la reforma del Código Civil, el próximo 30 de junio.
UNA “CHAPUZA COLECTIVA”
El PP, a través de su portavoz en esta materia, María Dolores Alba, se ha defendido de las acusaciones de “chapuza” de algunos partidos políticos sobre la forma en que se realizó la reforma del Código Civil y ha apuntado que ninguna formación pidió modificaciones de este texto durante la tramitación en el Congreso y el Senado. “Así que, en todo caso es una chapuza colectiva, no sólo de este partido”, ha indicado Alba que, aún así, ha reconocido que las exigencias recogidas en el artículo sobre el matrimonio de personas con discapacidad “nunca debieron incluirse”.
Los populares también han llamado al resto de fuerzas políticas a trabajar conjuntamente para llegar a “un acercamiento de posturas” en las futuras modificaciones que habrá que realizar en el Código Civil para su adaptación a la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, se ha referido a la modificación del texto que PDeCAT, ERC y PNV han querido realizar, aprovechando el contexto, con la presentación de enmiendas destinadas a modificar las exigencias que se les realizan a las personas con discapacidad a la hora de realizar testamento y que, a juicio de los populares, no era conveniente en estos momentos.
RECHAZO DE ENMIENDAS
Del mismo modo opina el portavoz del PSOE en esta comisión, Joan Ruiz, quien ha señalado que el propósito de esta modificación es “trabajar deprisa para que sea incluida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuanto antes” ya que, según ha apuntado, “quedan 40 días hábiles para hasta el 30 de junio”. “Hubiéramos presentado enmiendas muy parecidas, pero no era el objeto”, ha señalado el diputado.
Finalmente, las propuestas de los partidos nacionalistas han sido rechazadas, ya que el PP ha votado en contra y los socialistas y Ciudadanos se han abstenido. Desde la formación naranja, su representante Marcial Gómez, ha defendido su postura alegando que, aunque comparten el contenido, consideran necesario trabajar más tranquilamente en los textos contando, además, con la opinión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos en materia de discapacidad, Nayua Alba, ha denunciado que la modificación del texto es “consecuencias de las políticas de rodillo y de mayorías absolutas” practicadas por el PP durante la anterior legislatura y ha celebrado el apoyo de todas las fuerzas a este cambio para eliminar un artículo de una ley que, a su juicio, no era propio del tiempo actual.
