El Comité de Bioética he recordado, ante la crisis generada por el coronavirus y las limitaciones de recursos asistenciales y sanitarios, que España está sujeta a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en la que “se prohíbe cualquier discriminación, también en la asistencia sanitaria, por razón de la discapacidad”.
Es uno de los puntos que recoge el informe que ha emitido el citado comité sobre aspectos bioéticos a la hora de priorizar los recursos sanitarios en el contexto actual de la crisis del coronavirus, en el que subraya que “la prioridad, en estos momentos, es proteger a los profesionales sanitarios”.
El informe, dice el organismo, responde a la solicitud recibida desde la Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que informara sobre las implicaciones éticas de las recomendaciones recientemente publicadas por algunas sociedades científicas sobre el uso de los recursos en la situación “excepcional” y sobre los efectos que puede tener sobre las personas con discapacidad.
El informe de los expertos en bioética llama a “poner un ingente número de recursos al servicio de la salud” como “la única manera” de “mitigar las consecuencias colaterales, económicas y sociales, de esta crisis”.
El comité también recuerda que “la priorización es algo inherente a cualquier sistema de salud público y de cobertura universal” y no algo “exclusivo” de la situación de crisis actual, aunque en este momento ofrece “una mayor complejidad y puede llegar a tener un carácter trágico”. “En todo caso, la dificultad de la situación no exime de adoptar decisiones justas”, recalca, llamando a proteger a los profesionales de la salud como clave para afrontar la pandemia.
El comité advierte, en la línea también de cómo se ha pronunciado el Defensor del Pueblo en respuesta a una queja formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que “es imprescindible contar con unos criterios uniformes aprobados desde el Ministerio de Sanidad que, sostenidos en principios éticos y evidencias clínicas, garanticen a todos los españoles una igual asistencia sanitaria”, por lo que el Comité de Bioética se pone a disposición para elaborar esas normas generales. Esas normas, subraya, “no deben aplicarse mecánicamente sino adaptarse a la realidad concreta de cada persona”.
En el citado informe, también se afirma que “la priorización debe ser, además, horizontal, no estableciendo categorías en función de padecer el coronavirus u otra enfermedad”, por lo que todos los pacientes deben ser tratados “por igual” tengan coronavirus u otra enfermedad.
Asimismo, el Comité de Bioética muestra su “preocupación” ante determinadas propuestas que recurren a la “utilidad social” como criterio principal de priorización en la asistencia. “La dignidad de todo ser humano es inviolable y que todos tenemos los mismos derechos, sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad o la discapacidad. Actuar de otro modo no solo sería contrario a los principios básicos de la bioética, sino al mismo ordenamiento jurídico español”, en referencia concreta a la citada convención de la ONU.
Dicha convención, dice el informe, “garantiza el goce efectivo del derecho a la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, y la adopción de las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia humanitaria”.
El documento hace referencia asimismo al interés superior del menor, y exige que el trabajo de los profesionales sanitarios “obtenga su reconocimiento futuro”.
Finalmente, destaca “el mérito de tantas familias y personas que cuidan de personas, en los hogares, residencias de mayores, centros sanitarios, prisiones y que, convertidos en héroes anónimos, alimentan la esperanza de salir antes y fortalecidos de esta crisis”.
LLAMAMIENTO DEL CERMI
Hace unos días, el Cermi pidió al Ministerio de Sanidad que recabara del Comité de Bioética de España un pronunciamiento “urgente” sobre la necesidad de prestar “una atención sanitaria equitativa y sin discriminaciones” en situaciones de emergencia, como es la actual pandemia del Covid-19.
En una misiva dirigida al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, la plataforma representativa de la discapacidad en España pidió que el Comité de Bioética dejase acreditados los criterios oficiales que han de seguirse en estas situaciones, “sin que se impongan textos sin valor oficial como los de las sociedades científicas que, en ningún caso, son Derecho aplicable ni vinculan, y más cuando burdamente son contrarios al ordenamiento jurídico de un país democrático”.
Previamente, 25 sociedades sanitarias, sociosanitarias y docentes, difundieron un documento para ayudar a los sanitarios a tomar decisiones éticas para la asistencia en UCI a pacientes con coronavirus. En ese texto, las sociedades científicas afirmaban que, ante las situaciones de crisis y la necesidad de estrategias de asignación, se aboga por priorizar “la maximización de la supervivencia al alta hospitalaria; la maximización del número de años de vida salvados; y la maximización de las posibilidades de vivir de cada una de las etapas de la vida”.
