Así lo manifestó esta entidad durante una reunión en la que aludió a la importancia de mejorar la regulación de la eutanasia “para que no contradiga la Convencion de la Discapacidad”, y lamentó que se señale en el texto de la norma a las personas con discapacidad como “vidas descartables”.

Asimismo, se hizo alusión al documento de enmiendas que elaboró el Cermi en el que pedían también eliminar el término ‘imposibilitante’ y la definición, “con una clara evocación a las situaciones de discapacidad”, a fin de evitar, precisamente, cualquier tipo de discriminación hacia estas personas.

Además, recordó que ya se han pronunciado sobre esto el órgano de seguimiento en Naciones Unidas de este tratado, el Relator de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, el Instituto de Derechos Humanos Peces-Barba de la Universidad Carlos III, Human Rights Watch o el Foro Europeo de la Discapacidad.

Para el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, “la vida de las personas con discapacidad es igualmente valiosa que la del resto de seres humanos” y la respuesta normativa ante las decisiones sobre el final de la vida “no tienen que estar basadas u orientadas sobre aspectos como la discapacidad o la edad”, pues esto constituiría capacitismo “una discriminación derivada de prejuicios sociales”.

En este sentido, Martín recalcó que “no se está cuestionando el derecho ni esta regulación, sino que se está cuestionando la discriminación”. “No queremos volver a los años 70, queremos que la discapacidad no tenga una significación particular en la norma, queremos estar presentes y hacer uso de este derecho, pero sin ser población diana”. El delegado también valoró las salvaguardas que incluye la ley para la expresión de la voluntad de las personas con discapacidad, de ahí que manifestase que “no entiendo que se proteja y al tiempo se discrimine”.

Además, durante la reunión, se anunció que el Cermi tratará de eliminar los internamientos forzosos por razón de “trastorno psíquico”, ya que, a su juicio, supone una medida de “privación de libertad”, incompatible con los derechos humanos de las personas con discapacidad.

De esta manera, la plataforma de la discapacidad también informó de que está trabajando conjuntamente con el Instituto de Derechos Humanos ‘Gregorio Peces-Barba’ de la Universidad Carlos III de Madrid para elaborar un estudio, promovido por Salud Mental España con apoyo del Cermi, sobre esta cuestión que servirá de base para presentar una proposición de ley que tenga contempladas todas las medidas alternativas a las contenciones e internamientos.

Según manifestó el Cermi, su objetivo pasa por plantear una propuesta de modificación del artículo 763 del Código Civil, que actualmente permite en España este tipo de internamiento, lo que, para la plataforma, “vulnera” los mandatos en cuanto a la protección de la libertad personal establecidos en la Convención de la ONU.