El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) plantea al Gobierno y al Parlamento que promuevan una iniciativa legislativa que subsane el “déficit” normativo y se prevean los mecanismos “adecuados” para que decisiones de órganos internacionales tengan la debida traducción en el Derecho nacional y no queden en un vacío legal.
El Cermi se hizo eco este lunes en un comunicado que ha denunciado la ausencia de cobertura legal para hacer efectivos en el Derecho interno las decisiones de los órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanaos, en respuesta a quejas y reclamaciones de nacionales españoles.
“Son crecientes los pronunciamientos de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos, de los que España es parte, que amparan o dan la razón a personas que han visto vulnerados los derechos reconocidos en esos textos, a pesar de lo cual, carecen de procedimiento, jurisdiccional o administrativo, para hacerlos efectivos en España”, añadió, alertando de que “quedan así desprotegidas”, a pesar de contar con una decisión favorable a sus derechos, pretensiones e intereses.
“Los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo los que tienen dispositivos de reclamación y denuncia abiertos a particulares, han de contar con procedimientos internos que les den efectividad, aspecto que nuestra legislación vigente no ha regulado”, concluyó el Cermi.
