El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a la Unión Europea y al Estado español que en la nueva programación de los fondos estructurales 2021-2027 se movilicen recursos suficientes que tengan como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad.
En concreto, el CERMI espera que los distintos fondos doten de financiación a los Estados parte, entre ellos España, que les permitan desplegar actividades que generen cambio social en ámbitos como la accesibilidad universal, la educación inclusiva y la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Como esfera sobrevenida de actuación también debe estar la reconstrucción social y económica tras la pandemia del coronavirus, que ha tenido un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad y en las estructuras sociales dispuestas para su apoyo.
Además, uno de los objetivos diana han de ser las actuaciones de accesibilidad universal, bien dotando un fondo nacional de promoción de la accesibilidad, con cofinanciación también del Estado receptor, o la transferencia de recursos para financiar estrategias y líneas de acción en esta materia.
De igual modo, los fondos europeos han de dirigirse a sufragar actuaciones experimentales/piloto para que los sistemas educativos transiten a modelos de inclusión, conforme al artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Otro de los frente de destino de la nueva programación debería pasar por la puesta en práctica por parte de los Estados de actuaciones para favorecer la desinstitucionalización y crear dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad de base comunitaria y configuración inclusiva.
El CERMI plantea asimismo la interconexión de los fondos para generar recursos financieros multicanal para aplicar a estrategias, iniciativas, programas y acciones de arraigo en el medio rural de población con discapacidad a través de líneas desarrollo rural sostenible y economía verde e inclusiva.
Instrumentalmente, la gestión de los fondos debe abrirse a la participación de entidades sociales de la discapacidad del Estado receptor, como medio para que su aplicación sea lo más eficaz posible y cuente con plena legitimación en cuanto a buen uso y destino adecuado.
