En un documento de aportaciones a la consulta pública previa sobre la nueva Ley de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Cermi destacó que el empleo es “un bien social básico del que ninguna persona o grupo social deberían quedar excluido” y, sin embargo, su acceso para el colectivo de la discapacidad se da “en posiciones precarias y marginales, con una brecha salarial desatada, y con menos derechos y muy frágiles”.

“Es pues obligación de los poderes públicos crear las condiciones propicias y remover los obstáculos que impiden o dificultan que la inclusión laboral sea real y efectiva”, y subrayó que la población con discapacidad es la “más castigada” con “elevadas tasas de desempleo, muy superiores a los de la población sin discapacidad”.

A juicio de Cermi, esta situación “solo puede ser revertida con vigorosas” políticas públicas de empleo y con legislación general y específica que favorezca progresivamente el acceso al empleo de este grupo de población, que tenga en cuenta la igualdad de trato y la no discriminación.

Este es, por tanto, “un momento “propicio” para reforzar las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, apuntó, y hacer de ello “un objetivo prioritario” de las políticas públicas que quede impregnado en la nueva Ley de Empleo.

Entre otros puntos, el Cermi reivindicó un “vigoroso marco de protección de los derechos y contra la discriminación en el acceso, permanencia y progreso en el empleo” de las personas con discapacidad, así como el reconocimiento del papel esencial de la empresa social y de las soluciones autogestionadas por estas personas o por sus organizaciones sociales representativas.

Por otro lado, exigió una consideración específica reforzada en las políticas de empleo para las mujeres con discapacidad, puesto que “las trabas se multiplican en su caso”.

Otra de las peticiones del Cermi tiene que ver con la conexión del empleo de las personas con discapacidad con las oportunidades de la Nueva Economía, que se caracteriza por ser “verde, sostenible, social, digital e inclusiva” y que la inclusión laboral esté alienada con esferas que la condicionan y en las que existe interdependencia: la accesibilidad, la educación, el nivel de vida adecuado. “Si no se actúa en los ámbitos relacionados no se avanzará en inclusión laboral decente”, declaran desde Cermi.

Pidió también que la nueva ley “revise las restricciones que imponen los dispositivos públicos de protección social como el sistema de la Seguridad Social y servicios sociales”, puesto que “están impidiendo o dificultando gravemente los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad”, y que favorezca las alianzas del movimiento de la discapacidad con los interlocutores sociales para poder participar en el diseño de las políticas y los grandes acuerdos.