Así lo defendió en declaraciones a Servimedia en respuesta a la publicación por parte del diario ‘ABC’ de una información según la cual dicho impuesto “liquida” el blindaje fiscal del patrimonio de las personas con discapacidad y la aplicación del nuevo gravamen estatal “desactivará” las ayudas fiscales al colectivo aprobadas por ocho gobiernos autonómicos.

A juicio del presidente del Cermi, el “patrimonio protegido” que se creó en 2003 “no ha funcionado porque tiene una mala regulación fiscal que no lo hace atractivo” y, desde hace casi 20 años, “apenas hay 200 patrimonios protegidos y decreciendo”.

“No es una institución fiscal que haya suscitado ningún tipo de demanda masiva porque es compleja, es burocrática y, encima, no tiene retorno fiscal que sea muy favorable”, agregó, para insistir en que, “por esa parte, el perjuicio es mínimo en tanto que es mínimo el número de patrimonios” de más de tres millones de euros entre las personas con discapacidad.

En este punto, estimó que “es verdad que, en el papel, el nuevo impuesto a las grandes fortunas sí que perjudica la fiscalidad de los patrimonios protegidos”. “Pero es a los patrimonios protegidos superiores a tres millones de euros y no nos consta que haya patrimonios de esa cuantía, ojalá”, aseveró, para puntualizar que, en el caso de las personas con discapacidad “la gente es mucho más modesta y no tiene esas posibilidades”.

“Puede haber alguno de alguna familia ultra rica, pero bueno, sería contado con los dedos de la mano”, añadió, para incidir en que “el daño real no es tal”.

Tras afirmar que no quiere “entrar” a “discutir si el impuesto es bueno, malo o regular”, reiteró que, según su punto de vista, “ese impacto social es muy limitado” sobre el patrimonio de las personas con discapacidad.